La tensión en torno a las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe volvió a subir de tono luego de que varias organizaciones de derechos civiles decidieran llevar al Gobierno de Donald Trump ante los tribunales. El tema no solo revive las dudas sobre la forma en que se ejecutan estos operativos, sino también sobre la información que se mantiene oculta mientras continúan los bombardeos contra embarcaciones señaladas de tráfico de drogas.
Según la agencia EFE, grupos como el Centro para los Derechos Constitucionales y la Unión Americana de Libertades Civiles recurrieron a la justicia federal para obligar a que se publique la justificación legal que respalda estos ataques. La pieza central del reclamo es una opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, un documento que, de acuerdo con reportes de prensa, avalaría las acciones militares bajo la premisa de un “conflicto armado” contra carteles no identificados.
La preocupación de las organizaciones no es menor. Sostienen que, si la opinión de la oficina jurídica realmente busca blindar a los responsables de los bombardeos ante posibles imputaciones penales, el país estaría frente a un peligroso precedente: el uso de la fuerza letal sin un marco legal claro ni supervisión pública efectiva. Varios congresistas que lograron leer el documento a puerta cerrada ya han expresado inquietudes sobre su contenido, lo que sugiere que la interpretación legal podría ser más amplia de lo que se pensaba.
Desde inicios de septiembre, las autoridades estadounidenses han desplegado una estrategia militar intensiva en aguas internacionales del Caribe, cerca de la frontera con Venezuela. En ese lapso han ejecutado al menos 22 ataques contra embarcaciones catalogadas como narcolanchas, una campaña presentada como un esfuerzo para frenar el narcoterrorismo. Este incremento de la presencia militar ha añadido presión a la ya compleja relación entre Washington y Caracas, mientras organismos independientes cuestionan la proporcionalidad y transparencia de las operaciones.
El debate tomó un giro más delicado tras revelarse detalles del primer bombardeo, ocurrido el 2 de septiembre. En una entrevista con Politico, Donald Trump aseguró que los supervivientes de la lancha atacada intentaron enderezar la embarcación antes de que un segundo impacto los alcanzara. El mandatario defendió al almirante Frank Bradley, responsable de la operación, aunque admitió que las imágenes “no son bonitas”. Lo poco que ha trascendido sobre ese segundo ataque cuyo vídeo no ha sido divulgado ha generado inquietud entre legisladores demócratas, que presionan al Pentágono para que transparente el material.
La discusión pública ahora se concentra en la necesidad de conocer, sin rodeos, el fundamento legal que ampara estos operativos. Las organizaciones demandantes insisten en que un gobierno democrático no puede invocar legalidad sin aportar pruebas ni explicar bajo qué criterios autoriza ataques letales fuera del territorio estadounidense. En un momento en que la región vive tensiones políticas y de seguridad, la claridad sobre estas decisiones se vuelve indispensable para medir sus consecuencias y para evitar que la excepción se convierta en regla.
