La tensión en la frontera entre Colombia y Ecuador escaló tras reportarse bombardeos que dejaron 27 personas calcinadas, muchos de ellos integrantes de familias que habían optado por reemplazar cultivos de coca por alternativas legales. La magnitud de los ataques ha generado cuestionamientos sobre su origen y justificación.
Como señala EFE, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que las explicaciones ofrecidas por Ecuador no resultan creíbles y que los ataques «no parecen ser ni de los grupos armados» ni de la fuerza pública colombiana, ya que él no autorizó ninguna operación de este tipo. La situación surge después del hallazgo de un artefacto explosivo que, según Petro, habría sido lanzado desde un avión en la zona fronteriza.
Desde Quito, el presidente Daniel Noboa rechazó las acusaciones y aclaró que las operaciones militares con apoyo estadounidense se llevan a cabo únicamente en territorio ecuatoriano, orientadas a combatir grupos del crimen organizado y actividades de minería ilegal, muchas de ellas con vínculos colombianos. «Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», señaló Noboa en redes sociales.
Medios colombianos difundieron imágenes de un proyectil metálico hallado en Jardines de Sucumbíos, que evidenciaría el uso de munición aérea. Esta situación se produce en un contexto de relaciones tensas entre ambos países, marcado por la guerra comercial iniciada en enero y la implementación de aranceles cruzados, así como la suspensión del suministro de electricidad y el aumento en los costos de transporte de crudo colombiano.
En paralelo, Ecuador mantiene una ofensiva contra el crimen organizado en zonas fronterizas, combinando operaciones terrestres y aéreas, mientras que Colombia denuncia que estas acciones afectan directamente a comunidades que buscan alternativas legales a la coca. La polémica refleja no solo un conflicto de seguridad, sino también la complejidad geopolítica y económica que atraviesa la región.
