Un tribunal de Santo Domingo Oeste impuso una condena ejemplar de 30 años de prisión a Eduardo Antonio Guerra García, un vigilante privado de 41 años, hallado culpable de agredir brutalmente a Ana Karina Ramos Corniel, de 27 años, quien fue rescatada con vida tras haber permanecido varios días abandonada en una cañada del municipio Pedro Brand.
De acuerdo con el expediente judicial, la víctima fue encontrada en estado crítico, con heridas de arma blanca y de fuego, además de signos de desnutrición y graves infecciones ocasionadas por la exposición prolongada al lodo y las bacterias del lugar. Su rescate se produjo gracias a la intervención de varios comunitarios que, alertados por el mal olor y los gritos débiles de auxilio, notificaron a las autoridades locales.
Ramos Corniel fue ingresada de urgencia en el Hospital Vinicio Calventi, donde permaneció más de quince días recibiendo tratamiento por múltiples fracturas y lesiones internas. Según su propio testimonio, durante los días en que permaneció atrapada en la cañada nunca perdió la fe. “Yo no estaba sola afirmó, tenía tres ángeles conmigo; les vi las manos y las batas blancas”, declaró tras recibir el alta médica.
Su padre, Zenón Rolando Ramos Carela, expresó su agradecimiento por la recuperación de su hija y sostuvo que su familia mantiene firme su fe cristiana. “Las oraciones la cubrieron, y eso fue lo que la guardó”, manifestó al ser consultado por medios locales.
El tribunal consideró probado que Guerra García actuó con extrema violencia y con la intención manifiesta de quitarle la vida a la joven, tipificando el hecho como intento de feminicidio agravado, un delito que en la legislación dominicana contempla penas de hasta 30 años de prisión.
Este caso ha generado una amplia reflexión en la sociedad sobre la persistente violencia de género en el país. Datos del Ministerio de la Mujer indican que, en lo que va del año, se han registrado más de 50 intentos de feminicidio y 32 muertes confirmadas a manos de parejas o exparejas. Organizaciones sociales insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, la educación emocional y la respuesta judicial oportuna para evitar más tragedias.
La sentencia contra Guerra García, aunque celebrada por familiares y activistas, vuelve a poner sobre la mesa el desafío de garantizar que la justicia dominicana actúe con firmeza y sensibilidad en los casos de violencia contra las mujeres, no solo cuando ya es demasiado tarde.
