La tensión entre California y el Gobierno federal volvió a escalar tras un fallo judicial que frena uno de los intentos más recientes del estado por limitar las tácticas de los operativos migratorios. Una jueza federal en Los Ángeles decidió bloquear una ley que buscaba impedir que agentes locales y federales cubrieran sus rostros durante redadas, una práctica que había generado fuertes cuestionamientos en comunidades afectadas por estos operativos.
Según informó EFE, la jueza Christina Snyder determinó que la ley SB 627 establecía un trato desigual al prohibir el uso de pasamontañas y máscaras a agentes federales —incluidos los del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)— mientras eximía a cuerpos estatales y a unidades especiales. En su fallo temporal, la magistrada sostuvo que la norma discriminaba a las fuerzas federales al imponerles restricciones que no aplicaban en condiciones similares a otros agentes del orden.
La legislación, aprobada el año pasado en respuesta a redadas particularmente agresivas en el área de Los Ángeles, convirtió a California en el primer estado en intentar limitar de forma expresa el ocultamiento de identidad de agentes migratorios. Para defensores de derechos civiles, la medida apuntaba a reducir abusos y facilitar la rendición de cuentas en operativos que suelen ejecutarse en barrios de alta población inmigrante. Para la Casa Blanca, en cambio, representaba un riesgo directo para la seguridad de los agentes.
Ese argumento fue central en la demanda presentada por el Gobierno del presidente Donald Trump, que alegó un aumento de acoso, filtración de datos personales y episodios de violencia contra oficiales federales. La administración republicana incluso había adelantado que no cumpliría la norma si entraba en vigor, una postura que tensó aún más la relación con las autoridades estatales.
El fallo no fue un revés total para California. La jueza Snyder decidió mantener vigente otra ley, la SB 805, que obliga a los agentes a portar identificación visible con el nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen durante el ejercicio de sus funciones. Esa disposición, también impugnada por el Ejecutivo federal, sigue en pie como uno de los pocos mecanismos de transparencia directa en este tipo de operativos.
El debate trasciende las fronteras del estado. La discusión sobre el uso de máscaras por parte de agentes del orden ha llegado al Congreso y se ha intensificado tras episodios recientes de violencia en otras ciudades del país, como Mineápolis, donde murieron los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti durante intervenciones policiales el mes pasado. Estos hechos han alimentado llamados a mayor control y visibilidad en las actuaciones de las fuerzas del orden.
Aunque ambas leyes estaban programadas para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, la demanda federal había paralizado su implementación. El fallo deja abierta la puerta para que California reformule la normativa y elimine las excepciones que motivaron el bloqueo judicial, una señal de que la batalla legal y política en torno a las políticas migratorias y de seguridad aún está lejos de cerrarse.
