El ultranacionalista rumano Calin Georgescu, excandidato presidencial vetado por el Tribunal Supremo de su país, enfrentará un juicio junto a otras 21 personas acusado de intentar alterar el orden constitucional y de difundir información falsa. La Fiscalía sostiene que sus acciones buscaban desestabilizar la vida democrática en medio de la crisis política de finales de 2024.
Según informó EFE, la investigación detalla que Georgescu, junto al exmercenario Horatio Potra, habría planeado desviar las protestas pacíficas de diciembre en Bucarest hacia actos violentos y armados. El objetivo, afirman los fiscales, era crear un escenario de caos que impidiera el normal ejercicio del poder estatal.
Las pesquisas apuntan a que el grupo desarrolló entrenamientos paramilitares, campañas de propaganda coordinada y operaciones de desinformación que ponían en riesgo la seguridad nacional. Potra fue arrestado en diciembre cuando se dirigía a una manifestación con un grupo de mercenarios equipados con material pirotécnico de alta potencia y objetos peligrosos; sin embargo, fue liberado poco después y actualmente está prófugo de la justicia.
Georgescu, que ya arrastra otros procesos judiciales por presunta propaganda fascista, formación de un grupo extremista y financiación ilegal, se mantiene bajo control judicial. De ser hallado culpable en este nuevo expediente, podría enfrentar una condena de hasta diez años de prisión.
El dirigente ultranacionalista sorprendió en noviembre de 2024 al ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un 23 % de los votos. No obstante, los comicios fueron anulados semanas después ante sospechas de injerencia rusa y de irregularidades en la financiación de su campaña. Aunque se perfilaba como favorito para los nuevos comicios de mayo, en marzo de 2025 su candidatura fue definitivamente bloqueada por la Autoridad Electoral Central, decisión que luego confirmó el Tribunal Constitucional.
El caso de Georgescu ilustra cómo la creciente ola de populismo y nacionalismo en Europa del Este puede cruzar la frontera hacia intentos de desestabilización violenta. Analistas locales advierten que Rumanía enfrenta un reto delicado: contener movimientos extremistas que buscan capitalizar el descontento social mientras fortalece la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas.
