Un operativo conjunto del DICRIM, la Dirección Regional María Trinidad Sánchez y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) culminó con la detención de Aneurys Goris (48 años) cuando viajaba en un autobús por la carretera del Nordeste, a la altura de Rincón de Guaraguao, provincia Duarte. El hombre era buscado por agredir verbal y físicamente, y por amenazar de muerte, a su pareja sentimental.
Según informó CDN, la víctima ya había denunciado a Goris en dos ocasiones —16 de enero y 31 de marzo de 2025—, fechas en las que fue trasladada a una casa de acogida como medida de protección. La reincidencia activó las alertas policiales y derivó en la orden de arresto que se concretó este jueves.
Fuentes de la investigación detallan que las amenazas incluían mensajes reiterados y la exhibición de un arma blanca. El Ministerio Público confirmó que el detenido será presentado ante la Oficina de Atención Permanente para conocerle medidas de coerción.
Un problema que se multiplica
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del fenómeno: en los últimos cinco años, el país acumuló 341 896 denuncias por violencia de género e intrafamiliar, de las cuales más de 104 000 correspondieron directamente a agresiones contra mujeres Solo en 2024, al menos 71 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, según la Fundación Vida sin Violencia.
Para la socióloga Elsa de la Cruz, estos números “muestran que la violencia doméstica no son casos aislados, sino un patrón que requiere intervenciones tempranas y seguimiento judicial efectivo”. De la Cruz insiste en que las casas de acogida “siguen siendo un salvavidas, pero deben ir acompañadas de programas que trabajen con los agresores y cambien la cultura de impunidad”.
Marco legal y retos pendientes
Desde 1997, la Ley 24‑97 tipifica la violencia intrafamiliar como delito y permite medidas cautelares inmediatas. No obstante, organizaciones como Vida sin Violencia reclaman la aprobación definitiva del nuevo Código Penal, que endurece las penas y amplía la protección a las víctimas. Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer refuerza las unidades DEAMVI y la línea de emergencia Llama y Vive (809‑200‑1202), canales vitales para romper el silencio.
¿Qué sigue para el caso?
Goris afronta cargos por violencia física y psicológica agravada, así como por amenazas de muerte. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta diez años de prisión, conforme al Código Penal vigente. La Fiscalía indicó que solicitará prisión preventiva, alegando reincidencia y peligro de fuga.
Si eres víctima o conoces a alguien en riesgo, marca 809‑200‑1202 desde cualquier punto del país. La ayuda es confidencial y gratuita.
