El Gobierno de Chile manifestó este viernes su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres de sus funcionarios, acusados de presuntamente comprometer la seguridad regional. La medida generó una rápida reacción oficial y la convocatoria del embajador estadounidense, Brandon Judd, para aclarar la decisión.
Según EFE, la Cancillería chilena afirmó que descarta categóricamente participar en acciones que socaven la seguridad del continente y condena cualquier medida unilateral que afecte la soberanía del país. La declaración subraya la “sorpresa” ante la falta de notificación previa, algo inusual en las relaciones diplomáticas con un aliado histórico como Estados Unidos.
El Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones de visa para los funcionarios y sus familiares, revocando cualquier visa vigente. La medida señala que estas personas habrían “dirigido, autorizado o apoyado actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones”, afectando la seguridad hemisférica. Además, el comunicado advierte que tales acciones podrían empañar el legado del gobierno de Gabriel Boric.
Desde la Isla de Pascua, Boric reiteró que su administración nunca ha llevado a cabo actividades que pongan en riesgo la seguridad de Chile o de otros países y enfatizó que “Chile es y será autónomo en las decisiones que tome”. La polémica ocurre a pocos días del traspaso de mando al presidente electo José Antonio Kast, considerado cercano a la administración de Donald Trump, lo que añade un matiz político relevante a la situación.
Analistas coinciden en que estas sanciones reflejan tensiones crecientes en la relación bilateral y podrían marcar un precedente en la manera en que Estados Unidos aplica sanciones a funcionarios de países aliados, especialmente en contextos políticos internos sensibles. La decisión también abre un debate sobre la soberanía nacional frente a medidas unilaterales extranjeras, un tema que resuena en toda América Latina.
