La facilidad con la que una identidad puede cambiar de manos cuando el sistema es vulnerado volvió a quedar en evidencia en Colombia, tras el desmantelamiento de una red criminal que ofrecía documentos oficiales a extranjeros que huían de la justicia. Entre los principales beneficiarios del esquema figuran ciudadanos dominicanos que buscaban borrar su pasado judicial y comenzar de cero bajo otro nombre.
Tal como informa De Último Minuto, la operación fue ejecutada por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía, y permitió la captura de tres personas señaladas como piezas clave de la estructura, la cual operaba mediante el acceso irregular a bases de datos estatales para fabricar identidades completas y aparentemente legítimas.
Uno de los arrestos más sensibles es el de Andrés Felipe Saltarín Cartagena, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional, la institución responsable de emitir cédulas, actas de nacimiento y registros de defunción. Su rol dentro del organismo habría facilitado la alteración de datos oficiales, una grieta grave en un sistema diseñado para garantizar la seguridad jurídica y ciudadana.
Junto a él fueron detenidos Natalia Patricia Garcés Galeano, conocida como “La Madrina”, identificada por los investigadores como la presunta cabecilla, y su esposo Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias “Yeyo”. Ambos, según las autoridades, se encargaban de captar a los interesados, coordinar el proceso y manejar los pagos por los servicios ilegales.
El Ministerio Público colombiano advirtió que la organización ofrecía paquetes completos de identidad a extranjeros con procesos judiciales pendientes, una práctica que no solo facilita la evasión de la justicia, sino que también compromete la credibilidad del sistema nacional de identificación y los controles migratorios. Casos similares en la región han servido de puente para delitos transnacionales como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.
Las autoridades no descartan que existan más implicados dentro y fuera de Colombia. De hecho, las investigaciones apuntan a posibles conexiones internacionales, incluyendo vínculos con personas buscadas por la justicia dominicana, lo que abre la puerta a una cooperación judicial más estrecha entre ambos países.
Este golpe vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: cuando una identidad se convierte en mercancía, la seguridad de todos queda en juego. El reto ahora será cerrar las brechas internas y llegar hasta el último eslabón de una red que operaba en las sombras, pero con consecuencias muy reales.
