Las escenas que emergen de los archivos judiciales sobre Darfur todavía estremecen a quienes han seguido de cerca aquel capítulo oscuro de inicios de los 2000. Dos décadas después, el principal rostro de las milicias yanyauid durante esa ofensiva ha recibido finalmente una respuesta desde la justicia internacional, en un fallo que también redefine cómo se entienden los crímenes motivados por género en los conflictos armados.
Según la agencia EFE, la Corte Penal Internacional condenó a Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, conocido como Ali Kushayb, a 20 años de prisión tras hallarlo culpable de 27 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2003 y 2004 en el oeste de Sudán.
La sentencia, dictada de forma unánime, detalla que Abd al Rahman tuvo un rol clave dentro de las operaciones armadas desarrolladas en Kodoom, Bindisi, Mukjar y Deleige. Los jueces coinciden en que el acusado ejerció control operativo sobre los yanyauid y participó en una estructura de violencia sistemática que incluyó asesinatos, violaciones, torturas, persecuciones y desplazamientos forzados. La jueza presidenta, Joanna Korner, sostuvo que aquella campaña dejó “una huella profunda y persistente” en las comunidades atacadas, quienes vivieron bajo una “crueldad inimaginable” amparada en motivaciones discriminatorias.
Una dimensión relevante del fallo radica en que, por primera vez, el tribunal establece responsabilidad penal específica por persecución basada en el género. Este elemento crea una pieza jurisprudencial que puede influir en futuros procesos de justicia internacional, al reconocer que la violencia de género no es un daño colateral del conflicto, sino una herramienta deliberada de sometimiento y terror.
Durante el proceso, la defensa intentó reducir la pena alegando la edad del acusado, actualmente de 76 años, así como algunos gestos que calificaron de humanitarios en medio de las operaciones. Sin embargo, los jueces rechazaron casi todas estas consideraciones al comprobar que incluso aquellas órdenes supuestamente protectoras derivaron en abusos posteriores contra mujeres. Solo aceptaron como atenuantes la entrega voluntaria del acusado en 2020, su conducta en detención y su edad avanzada, elementos cuyo peso fue descrito como “muy limitado”.
La defensa de las víctimas, que habló en representación de 1.592 personas, insistió en que la prioridad es impedir que Abd al Rahman vuelva a territorio darfurí, donde aún existe temor por posibles represalias. Explicaron que la sentencia debe reafirmar que aquello no fue un simple choque tribal, sino una campaña planificada para eliminar, desplazar y humillar comunidades enteras. Esa narrativa coincide con los estudios de organismos humanitarios que han documentado cómo el aparato represivo del régimen de Omar al Bashir estructuró la violencia para romper la cohesión social de la región.
La figura de Abd al Rahman también proyecta sombras sobre el propio Bashir, aún reclamado por la CPI por cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las órdenes de arresto contra el exmandatario, emitidas en 2009 y 2010, continúan vigentes, lo que mantiene abierta la posibilidad de un futuro escrutinio internacional sobre su papel en la maquinaria represiva sudanesa.
Mientras tanto, la condena a Kushayb funciona como un mensaje directo sobre la vigencia del derecho internacional penal incluso cuando el tiempo parece favorecer el olvido, la responsabilidad por crímenes de esta magnitud sigue esperando a sus ejecutores. Para muchas de las familias afectadas, este veredicto no borra el dolor, pero sí coloca en el registro histórico que su tragedia no fue accidental, sino producto de decisiones calculadas que ahora encuentran una respuesta judicial.
