Un tribunal del distrito judicial de La Romana dictó una condena de doce años y seis meses de prisión contra un hombre hallado culpable de cometer agresión sexual en perjuicio de cinco niñas y adolescentes, en un caso que ha generado preocupación en la comunidad por la gravedad de los hechos.
De acuerdo con el medio de comunicación deultimominuto, el condenado fue identificado como José Luis García, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, en La Romana, además de pagar una multa de RD$100 mil por la violación de los artículos 330 y 333 del Código Penal dominicano.
El expediente judicial detalla que las víctimas tenían entre 7 y 14 años de edad. Las agresiones se produjeron en momentos en que las madres de las menores no se encontraban en las viviendas, lo que habría facilitado que el acusado actuara con mayor impunidad, según lo establecido en la acusación del Ministerio Público.
Uno de los elementos más alarmantes del caso es que los abusos ocurrieron incluso en presencia de una niña de apenas siete años, lo que agrava aún más la dimensión del hecho. Además, se señala que el acusado recurría a amenazas de muerte para intimidar a las víctimas antes de cometer las agresiones.
El proceso investigativo estuvo a cargo de la procuradora fiscal Soila Pilier, quien forma parte de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Romana. Durante el juicio, el fiscal litigante Juan Núñez presentó una serie de pruebas que fueron clave para sostener la acusación.
Entre los elementos aportados al tribunal se incluyeron evidencias audiovisuales, documentales, periciales y testimoniales, las cuales permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y fortalecer la acusación contra el imputado. La solidez de estas pruebas fue determinante en la decisión final de los jueces.
El fallo fue emitido por los magistrados Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, Idenisse Catedral y Jossephang Bernhardt, integrantes del Tribunal Colegiado de La Romana. El tribunal valoró el conjunto de evidencias presentadas por el Ministerio Público para imponer la sentencia condenatoria.
Casos como este vuelven a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar los mecanismos de protección a menores, así como la importancia de la denuncia oportuna y el acompañamiento a las víctimas. También evidencian el rol clave de las autoridades judiciales y fiscales en la persecución de los delitos sexuales en el país.
