Moradores de la calle B, esquina Duarte Vieja, en Las Palmas de Herrera (Santo Domingo Oeste) llevan meses viendo cómo el pavimento se vuelve negro y resbaladizo. Aceite quemado, grasa y piezas oxidadas cubren las aceras a la salida de los talleres Repuestos Strong y Repuestos La Primera, según confirman los vecinos que denunciaron el caso y aseguran haber recibido burlas y amenazas cuando intentaron dialogar con los dueños.
Un reporte periodístico del 16 de mayo narraba una situación casi idéntica dos cuadras más abajo, lo que evidencia un patrón de inacción oficial frente a este tipo de negocios que operan sin un plan de manejo de residuos peligrosos.
Un problema que la ley ya castigaba
La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales tipifica la descarga de aceites y químicos en la vía pública como infracción grave y faculta al Ministerio de Medio Ambiente para imponer sanciones, suspender las operaciones y exigir la reparación del daño. El Reglamento para la Gestión Integral de Aceites Usados detalla que los talleres deben almacenar el lubricante agotado en recipientes sellados, rotulados y entregarlo a un gestor autorizado en un plazo no mayor de 90 días. Sin embargo, los habitantes consultados sostienen que ni las brigadas municipales ni los inspectores ambientales han aparecido por la zona.
Riesgos sanitarios que van más allá del mal olor
El aceite de motor quemado contiene metales pesados y compuestos aromáticos policíclicos (PAH) capaces de provocar irritaciones cutáneas, anemia e incluso cáncer tras exposiciones prolongadas, advierte la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de EE. UU. Derrames reiterados también contaminan los desagües pluviales y, por arrastre, terminan en el río Haina, una fuente de agua que ya sufre altos niveles de presión ambiental.
Costos económicos y urbanos
Estudios del Ministerio de Medio Ambiente indican que el país genera unas 55 mil toneladas de aceites lubricantes usados cada año; casi el 40 % termina sin tratamiento adecuado, principalmente en pequeños talleres mecánicos. Retirar un solo litro de aceite vertido puede costar hasta RD$1 200 en limpieza especializada, sin contar el deterioro del asfalto y las posibles demandas por daños a la salud pública.
Lo que piden los vecinos
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Inspección inmediata de los dos talleres, suspensión de su licencia comercial y multa ejemplar si se confirma la infracción.
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Plan de contingencia para limpiar los contenes impregnados de hidrocarburos antes de que inicien las lluvias fuertes.
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Programa de reciclaje de aceites usados en coordinación con gestores certificados y la colocación de contenedores seguros en la zona.
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Campaña educativa puerta a puerta, explicando los riesgos y las sanciones para quienes arrojen residuos tóxicos en la vía pública.
Alternativas y precedentes
Otros municipios del Gran Santo Domingo han firmado acuerdos con empresas recolectoras que transforman el aceite quemado en combustible industrial o bases lubricantes regeneradas, reduciendo hasta un 60 % la huella de hidrocarburos en los desagües. Iniciativas similares se apoyan en los incentivos que trae la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, que incluye deducciones fiscales para negocios que acrediten un manejo correcto de desechos peligrosos.
Próximos pasos obligatorios
La junta de vecinos planea documentar los vertidos con fotografías y levantar un acta notarial para anexarla a una querella formal ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. Si el Ministerio de Salud Pública certifica la existencia de riesgo sanitario, la clausura temporal podría convertirse en cierre definitivo.
En palabras de un residente: “Aquí nadie está contra el trabajo; lo que queremos es que las reglas se cumplan. Si mañana un niño resbala o alguien se intoxica, los responsables tienen nombre y dirección.”
Las Palmas de Herrera espera que las autoridades pasen de las promesas a la acción. Mientras tanto, el aceite sigue corriendo calle abajo.
