Este domingo, Amnistía Internacional criticó con firmeza el nuevo protocolo sanitario dominicano que condiciona el acceso de migrantes a servicios públicos, al exigirles documentos, pruebas y costos económicos, además de establecer deportaciones tras recibir atención médica.
Según detalla la organización defensora de derechos humanos en una nota pública, este enfoque vulnera el derecho a la salud y criminaliza a las personas más vulnerables, incentivando la desatención médica por temor a represalias legales.
El protocolo, vigente desde abril, ha sido calificado como discriminatorio y contrario a estándares internacionales de protección migratoria.
Activistas demandan una revisión total de la medida, exigiendo que la salud sea tratada como un derecho humano fundamental, con acceso universal y libre de estigmas.
El debate resalta la necesidad de equilibrar políticas de control migratorio con garantías efectivas de atención sanitaria para todos aquellos que habitan el territorio nacional.
