El caso que envuelve al Seguro Nacional de Salud ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la integridad institucional en el país. La investigación, bautizada como Operación Cobra, expone un escenario donde decisiones administrativas y movimientos financieros habrían sido manipulados para beneficiar a un grupo reducido, según las autoridades.
Tal como informa deultimominuto, la pesquisa del Ministerio Público apunta a que dentro de Senasa se habría instalado un mecanismo que mezclaba sobornos, contratos dirigidos y desvío de fondos vinculados al programa “Adulto Mayor”. La falta de controles efectivos y la débil fiscalización interna habrían permitido que esa estructura operara durante varios años sin ser detectada.
Los fiscales sostienen que el sistema era dirigido por el entonces director ejecutivo, Santiago Marcelo Hazim Albainy, quien presuntamente coordinaba pagos ilegales con el propósito de mantener la operatividad del referido programa social. Según la acusación, la empresa Nutri-Med Marine Alvarado SRL Nutri-med CAS, Nutrición & Medicina SRL, administrada por la imputada Cinty Acosta Sención, habría servido como canal para mover recursos que no respondían a servicios reales ni a obligaciones contractuales justificadas.
El expediente preliminar señala que más de DOP$1,165 millones habrían circulado bajo este esquema, disfrazados como pagos regulares para evitar glosas o agilizar procesos internos. La fiscalía describe estas transacciones como una red de “favores administrativos” que convertía decisiones institucionales en moneda de cambio.
Otros dos nombres entran en el cuadro investigativo José Pablo Ortiz Giráldez y el consultor jurídico Germán Rafael Robles Quiñones. Ambos habrían aportado soporte operativo para ocultar la procedencia de los fondos mediante empresas como OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL, utilizadas según el Ministerio Público para simular actividades comerciales que no existían en la práctica. Esta dinámica, aseguran los investigadores, buscaba fabricar una fachada legal alrededor de movimientos financieros que, en esencia, eran irregulares.
La propia SISALRIL contribuyó a las alertas institucionales al revelar que el programa Adulto Mayor carecía de métricas claras para medir impacto o justificar la magnitud de los recursos administrados. Para los fiscales, esa ausencia de datos refuerza la idea de que la estructura fue utilizada como vehículo para el desvío de fondos públicos.
A pesar de la contundencia del expediente inicial, el proceso judicial aún se encuentra en desarrollo. Todos los imputados conservan su derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras las autoridades continúan profundizando en la ruta del dinero y en los mecanismos que habrían permitido que esta red, de comprobarse, operara durante tantos años con tan poca resistencia institucional.
