La tensión volvió a marcar el pulso institucional en Guatemala este jueves, cuando el máximo tribunal del país decidió intervenir en medio de un proceso electoral que definirá el equilibrio de poder en los próximos años. En una resolución de emergencia, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala avaló los operativos realizados por el Ministerio Público durante los comicios, siempre que no interfieran con el desarrollo de la votación.
Según informó EFE, el tribunal ordenó que el proceso continúe con normalidad mientras más de 30,000 abogados participan en la elección de uno de los cinco magistrados que integrarán la corte para el período 2026-2031. La decisión fue respaldada por los magistrados Roberto Molina Barreto, Héctor Pérez Aguilera, Leyla Lemus Arriaga, Claudia Paniagua Pérez y Dina Ochoa Escibá, quienes se reunieron de urgencia tras el allanamiento de centros de votación.
El operativo fue ejecutado por el Ministerio Público de Guatemala con un amplio despliegue de seguridad en los locales habilitados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la capital. Agentes policiales y fiscales encapuchados ingresaron a los recintos bajo el argumento de investigar una denuncia recibida la semana pasada, un caso que permanece bajo reserva.
La fiscal Leonor Morales, a cargo de la diligencia, aseguró que la actuación no detendría la votación. Su presencia no pasó inadvertida: fue la misma funcionaria que intentó anular los resultados de las elecciones generales de 2023 que dieron la victoria presidencial a Bernardo Arévalo de León.
El cargo en disputa no es menor. El magistrado electo formará parte de la corte encargada de interpretar la Constitución en un país donde las decisiones judiciales suelen definir el rumbo político. Los otros cuatro integrantes serán designados por el Congreso de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el Ejecutivo y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En la primera vuelta de la elección, celebrada a inicios de mes, resultaron favorecidos Astrid Lemus y Luis Bermejo, perfiles que analistas locales consideran distantes de los intereses de la Fiscalía. Esa correlación ha elevado la temperatura política, sobre todo porque la integración de la corte influirá directamente en procesos vinculados a corrupción y gobernabilidad.
Arévalo calificó los allanamientos como un nuevo intento de debilitar las instituciones. Su postura conecta con advertencias de organizaciones civiles que observan con preocupación el rol de la Fiscalía en momentos clave del sistema democrático. La credibilidad del Ministerio Público ha sido objeto de cuestionamientos dentro y fuera del país, especialmente después de que tanto su cúpula como la fiscal Morales fueran sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos relacionados con corrupción y obstrucción de la justicia.
La escena de fiscales armados en centros de votación deja una imagen potente en un país que aún lidia con heridas institucionales recientes. La resolución de la Corte buscó enviar un mensaje de equilibrio: permitir la investigación, pero sin entorpecer el derecho al voto. Falta ver si esa línea se mantiene firme en un contexto donde cada movimiento judicial tiene impacto político inmediato.
Guatemala atraviesa un momento en el que la arquitectura de su sistema de justicia vuelve a estar en juego. Y en esa disputa, la elección de un solo magistrado puede inclinar la balanza de decisiones que marcarán la próxima década.
