La Corte Constitucional de Ecuador frenó de manera provisional el decreto con el que el presidente Daniel Noboa buscaba llamar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna y fortalecer el marco legal contra el narcotráfico. La decisión abre un pulso institucional que marcará los próximos meses en el país.
Según informó AP News, el tribunal decidió suspender temporalmente la iniciativa mientras analiza cinco demandas de inconstitucionalidad. La medida agrava la tensión entre el Ejecutivo y la justicia, que en los últimos meses ha bloqueado varias propuestas oficiales por considerarlas incompatibles con derechos fundamentales.
En un comunicado, la Corte rechazó las críticas presidenciales y las protestas organizadas contra sus magistrados. “La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos”, expresó el órgano judicial.
La propuesta de Noboa contemplaba la elección de 80 delegados en noviembre para redactar una nueva Constitución. El mandatario insistía en que la iniciativa buscaba “devolver el poder al pueblo” y responder a la ola de violencia que atraviesa el país. En los últimos seis años, Ecuador pasó de ser uno de los Estados más tranquilos de la región andina a registrar un aumento de más de 600 % en homicidios, en paralelo con la expansión de redes ligadas al narcotráfico.
El escenario se complica con otros debates pendientes. En junio, el Parlamento donde predomina el oficialismo aprobó una reforma que permitiría el retorno de bases militares extranjeras, aunque requiere ratificación en referéndum. De forma paralela, Noboa solicitó al tribunal un dictamen sobre cuatro posibles cambios adicionales la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de legisladores y mayores controles políticos sobre los jueces constitucionales.
La suspensión del decreto mantiene en vilo a la sociedad ecuatoriana, que deberá esperar la resolución definitiva del máximo tribunal. Lo que está en juego no es solo la viabilidad de una Constituyente, sino también la capacidad del gobierno de Noboa para sostener su agenda en medio de la creciente presión de la violencia y la polarización política.
