La libertad de prensa en Costa Rica dio un paso que muchos creían postergado. El Congreso cerró definitivamente la puerta a la cárcel como respuesta a los conflictos derivados del ejercicio periodístico, una señal clara de que el país apuesta por un debate público más abierto y menos punitivo.
Según informó la agencia EFE, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la derogación de los artículos más polémicos de la centenaria Ley de Imprenta, una normativa que todavía contemplaba penas de prisión para periodistas y editores acusados de injuria, calumnia o de publicar contenidos considerados subversivos. La decisión traslada estos conflictos del ámbito penal al civil, en línea con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
Con la eliminación de los artículos 7 y 8, desaparecen sanciones que podían llegar hasta los 120 días de cárcel. Estas disposiciones no solo castigaban la calumnia o la injuria en medios de comunicación, sino que también abrían la puerta a interpretaciones amplias sobre publicaciones que supuestamente atentaran contra el orden interno o las relaciones con otros Estados, un enfoque cada vez más cuestionado en democracias consolidadas.
Para el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), el cambio va mucho más allá de una reforma legal puntual. La organización subrayó que se trata de un reconocimiento explícito de que las ideas incómodas deben enfrentarse con argumentos y mecanismos civiles, no con la amenaza de la prisión. Ese principio, ampliamente respaldado por organismos internacionales de derechos humanos, había sido una deuda pendiente en la legislación costarricense.
El proyecto aprobado corresponde al expediente 24.185, impulsado por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, y ahora queda a la espera de la firma y publicación por parte del Poder Ejecutivo. Fue respaldado en segundo y último debate con 43 votos a favor, una señal poco común de consenso político en temas sensibles.
Desde el sector periodístico y jurídico, la reforma se lee también como un acto de justicia histórica. Durante décadas, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos denunciaron el carácter anacrónico de una ley que chocaba con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha reiterado que las sanciones penales generan un efecto inhibidor sobre la labor informativa.
Más allá del simbolismo, la medida fortalece el ejercicio de un periodismo crítico y responsable, al reducir el riesgo de autocensura y fomentar un entorno donde las controversias se resuelvan en tribunales civiles, con criterios de proporcionalidad. En un contexto regional donde la libertad de expresión enfrenta presiones constantes, Costa Rica envía un mensaje claro: la democracia se defiende ampliando derechos, no restringiéndolos.
