Las tensiones diplomáticas en el Caribe volvieron a elevarse luego de que La Habana reaccionara con dureza a las discusiones que se desarrollan en Washington sobre las operaciones militares estadounidenses en la región. El gobierno cubano considera que el tema revela un problema mucho más profundo sobre el uso de la fuerza y las consecuencias humanas que ha dejado la campaña antidrogas impulsada desde la Casa Blanca.
Según EFE, el canciller Bruno Rodríguez cuestionó públicamente la utilidad de esos debates en el Congreso estadounidense y los describió como un espectáculo político que evita confrontar responsabilidades. Desde su perspectiva, la discusión ha sido incapaz de atender el reclamo internacional de mayor transparencia ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales vinculadas a la estrategia militar que impulsa Washington.
La inquietud crece a medida que avanzan las investigaciones legislativas en Estados Unidos sobre los ataques ejecutados por fuerzas navales norteamericanas contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos de la región han insistido en que la operación, conocida como Lanza del Sur, ha derivado en un número preocupante de muertes que no han sido esclarecidas. El Pentágono confirmó que, desde el despliegue de agosto pasado, se han registrado veintiún incidentes letales que dejaron 82 fallecidos, catalogados por Washington como “narcoterroristas”.
Este tipo de acciones ha despertado dudas sobre los límites legales y éticos de la ofensiva antidrogas, especialmente cuando su zona de influencia se acerca a aguas venezolanas. Analistas regionales advierten que el movimiento militar no solo tiene implicaciones operativas, sino también políticas, en un contexto marcado por la disputa de influencia en el Caribe y la crisis interna en Venezuela.
La denuncia de Cuba se suma a la preocupación de otros países que han observado con inquietud el creciente protagonismo de operaciones militares en un ámbito tradicionalmente dominado por la cooperación civil y policial. Expertos en derecho internacional han señalado que el uso de la fuerza en el mar debe regirse por estándares estrictos, pues cualquier exceso expone a los Estados a responsabilidades internacionales y deteriora la confianza en los mecanismos multilaterales de seguridad.
Mientras tanto, Washington sostiene que su despliegue responde a la necesidad de frenar redes criminales que han incrementado su actividad durante los últimos años. Sin embargo, la falta de detalles sobre los protocolos de actuación y la ausencia de investigaciones independientes mantienen abiertas las dudas sobre la proporcionalidad y legalidad de los ataques.
La polémica promete continuar mientras el Congreso estadounidense avanza en la revisión de la operación y los gobiernos de la región esperan mayor claridad sobre los procedimientos utilizados. En el Caribe, un espacio históricamente sensible a cualquier acción militar, el debate ha reavivado la conversación sobre el equilibrio entre seguridad, soberanía y derechos humanos.
