El presidente de Daniel Noboa decidió mover el centro de operaciones del Ejecutivo ecuatoriano hacia el epicentro de la crisis de seguridad. Durante varias semanas, el Gobierno dejará temporalmente el Palacio de Carondelet en Quito para instalar su base en Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los territorios más golpeados por el crimen organizado.
Tal como informa EFE, el mandatario anunció la medida mientras encabezaba una actividad pública en la urbe portuaria, donde aseguró que su administración trabajará “día a día” desde el territorio, con la promesa de ofrecer respuestas directas frente a la inseguridad. El traslado, que aún no ha sido formalizado mediante decreto, ocurre en un contexto político particularmente tenso.
El anuncio se produce apenas días después de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, figura clave de la oposición nacional, fuera enviado a prisión preventiva por una investigación fiscal relacionada con presunto lavado de activos y defraudación tributaria. La coincidencia temporal añade una dimensión política a una decisión que el Gobierno presenta como estrictamente operativa y estratégica.
Noboa defendió el movimiento argumentando que Guayaquil ha cargado durante años con el peso de administraciones permisivas frente a la corrupción y la penetración criminal. El mensaje busca proyectar autoridad en una ciudad que se ha convertido en símbolo de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.
No es la primera vez que el mandatario desplaza temporalmente la sede gubernamental. Ya lo había hecho en ciudades andinas como Latacunga e Ibarra, una estrategia que intenta mostrar cercanía territorial y control político en zonas estratégicas. Sin embargo, Guayaquil representa un desafío mayor por su peso económico y su complejidad social.
Desde 2024 el país vive bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, una figura excepcional impulsada por Noboa para enfrentar a las bandas criminales que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios. La provincia de Guayas, donde se ubica la ciudad portuaria, concentra buena parte de la actividad del narcotráfico debido a la utilización de sus puertos para el envío de droga hacia mercados como Estados Unidos.
Las cifras oficiales muestran la magnitud del desafío. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, 2025 cerró con 9,216 homicidios, el registro más alto desde que se llevan estadísticas nacionales. El número refleja una espiral de violencia que no ha cedido pese al despliegue militar, los estados de excepción y las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo.
El traslado del Gobierno a Guayaquil tiene un fuerte componente simbólico: llevar el poder político al terreno donde la violencia golpea con mayor crudeza. Queda por verse si esa presencia física logrará traducirse en resultados medibles o si terminará siendo una señal política en medio de una crisis que exige soluciones estructurales, coordinación institucional y una estrategia sostenida más allá de los gestos.
