La pugna por el poder en Ecuador toma un giro sorpresivo a pocos días de la segunda vuelta. Luisa González, quien representa la tendencia correísta, se encuentra en la mira de la justicia electoral luego de que un simpatizante del movimiento ADN, vinculado al presidente y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, presentara una demanda en su contra por supuesta violencia política de género. El litigio ha generado revuelo en distintos círculos, pues la acusación se centra en declaraciones hechas durante el reciente debate presidencial, donde González habría calificado de “narcotraficante” a la directora del partido rival.
Tal como difunde EFE, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revisa la denuncia presentada por Manuel Peñafiel, quien reclama que esas expresiones vulneran el derecho al honor de la directora de ADN y constituyen una infracción electoral muy grave. El magistrado a cargo exige mayor claridad sobre la naturaleza de los agravios, la responsabilidad exacta de González y las pruebas que sostienen la supuesta violencia política de género, con el riesgo de que el caso se archive si no cumple los requisitos legales en el plazo establecido.
El Código de la Democracia en Ecuador contempla sanciones estrictas para actos de violencia política de género, incluidas multas y la suspensión de derechos de participación. De acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de la Democracia, estas medidas buscan prevenir agresiones verbales o simbólicas dirigidas hacia candidatas o funcionarias, en un esfuerzo por promover un debate público más equitativo. Por otro lado, diversos medios independientes señalan que el fenómeno de la “guerra sucia” gana fuerza en campañas intensas y polarizadas, afectando la decisión de votantes y la imagen de los candidatos ante la comunidad internacional.
Mientras el TCE evalúa el caso, el país se prepara para acudir a las urnas el 13 de abril, una fecha que definirá el rumbo político inmediato. Noboa, conocido por su cercanía a sectores empresariales, se enfrenta a González, figura emblemática de la corriente correísta que apuesta por recuperar un modelo de mayor intervención estatal. Expertos como el Centro de Investigación y Estudios Electorales en Quito apuntan que este tipo de disputas legales pueden influir en la decisión ciudadana, especialmente entre los indecisos, cuando las acusaciones comprometen la ética y la credibilidad de los aspirantes al poder.
Las próximas horas serán determinantes para esclarecer si la denuncia avanza y qué consecuencias podría tener en el desempeño de la campaña de Luisa González. Por ahora, el tablero político se mantiene en vilo, reflejando la creciente tensión y el escrutinio al que están expuestos quienes aspiran a gobernar la nación.
