Las últimas cinco familias que quedaban en la Antigua Morococha fueron desalojadas este viernes por la fuerza, en un operativo policial masivo que incluso impidió el acceso de periodistas y organizaciones sociales.
Los aproximadamente quince residentes resistían desde hace años mientras el resto de la población alrededor de 5.000 personas ya había sido reubicada en Nuevo Morococha, el asentamiento construido por la minera Chinalco en Junín para dar cabida al traslado.
Según el reportaje de EFE, el desalojo se produjo tras un fallo judicial que rechazó el último recurso legal presentado por las familias. Red Muqui una coalición de 30 organizaciones que trabajan en defensa de comunidades en zonas mineras de Perú denunció que la medida fue “arbitraria”, dejando a las personas en “extrema vulnerabilidad” y sin garantías para sus derechos.
El proyecto Toromocho, operado por Chinalco, aprobó hace una década una ampliación que permitiría aumentar la capacidad de procesamiento de mineral de 117.000 a 170.000 toneladas por día. En la práctica, el avance del tajo a cielo abierto llegó prácticamente hasta los muros de las viviendas que quedaban en Morococha.
Entre los testimonios están los de Elvis Atachahua, quien contó que algunas puertas fueron forzadas para sacar objetos de sus casas, y que presuntamente se cortó la señal telefónica para evitar grabaciones o transmisiones. Yólich Alejo, por su parte, dijo que vivía allí desde hacía más de veinte años, y que la vía principal fue cerrada, así como la entrada a su hogar fue obstruida por policías.
El abogado de las familias, Carlos Castro, criticó que el juez no estuviera presente durante el desalojo, algo que si bien no era obligatorio, considera pertinente dada la magnitud y trascendencia social del caso.
