El calentamiento global ya no es solo una cuestión de grados centígrados es una cuestión de justicia. Proyecciones recientes auguran que, a mediados de siglo, unos 2.500 millones de personas vivirán bajo olas de calor superiores a 35 °C durante más de doce semanas al año, una amenaza que expone con crudeza cómo la crisis climática profundiza la brecha entre quienes pueden adaptarse y quienes apenas sobreviven.
Según la agencia EFE, el informe “¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática”, elaborado por la Unesco y la Fundación La Caixa, subraya que 239 millones de esas personas atrapadas en temperaturas extremas seguirán en situación de pobreza extrema, sin colchón económico ni institucional para amortiguar el golpe.
La desigualdad que denuncia el documento español encaja con lo que advierte el IPCC entre 3.3 y 3.6 mil millones de personas ya habitan contextos altamente vulnerables al clima casi la mitad del planeta, con el Sur Global cargando la parte más pesada de la tormenta . Aun así, el debate global continúa girando en torno a promedios de temperatura que ocultan realidades locales no es lo mismo un verano de 35 °C con aire acondicionado en Madrid que ese mismo calor sin agua potable en el Chaco paraguayo ni techo firme en el Sahel.
La paradoja se agrava si se siguen los rastros del CO₂. Un análisis de Oxfam revela que el 1 % más rico del mundo generó en 2019 tanta contaminación como los dos tercios más pobres juntos, equivalentes a 5 mil millones de personas . Dicho de otra forma el superyate de un millonario puede arruinar en un día los márgenes de carbono que familias de agricultores intentan estirar todo un año para no perder su cosecha.
El informe de Unesco-La Caixa insiste en que mujeres, pueblos indígenas, niños y trabajadores informales son los primeros en sentir el latigazo de un clima impredecible. Aquí la variable género es clave: cada sequía prolongada obliga a las mujeres rurales a caminar más lejos por agua y sacrificar tiempo de estudio o trabajo remunerado, reproduciendo patrones de desigualdad que ya recoge el Índice de Desigualdad de Género del PNUD.
Frente a ese panorama, la financiación para adaptación no despega. En 2021-2022 solo se movilizaron 63 mil millones de dólares, cuando los países en desarrollo necesitarán al menos 212 mil millones al año de aquí a 2030, alerta el Banco Mundial . La brecha amenaza con convertir la resiliencia climática en un lujo: habrá ciudades costeando diques de última generación y, al mismo tiempo, aldeas enteras esperando por un simple sistema de alerta temprana.
El reporte, presentado en Barcelona, propone centrar la equidad y los derechos humanos en todas las políticas climáticas. Sin un giro así, advierte Rodolfo Lacy, su autor principal, “corremos el riesgo de agudizar las desigualdades” y dinamitar la estabilidad global. Traducido al Caribe y América Latina, significa que seguirán creciendo las migraciones climáticas, la presión sobre los sistemas sanitarios y los conflictos por agua y suelo fértil.
A escala doméstica, la República Dominicana país expuesto a huracanes cada vez más intensos y a olas de calor que rompen récords no puede fiarlo todo a los foros internacionales. Urge blindar presupuestos para adaptación comunitaria, revisar códigos de construcción frente a calor extremo y crear redes de protección social capaces de amortiguar los choques climáticos antes de que se conviertan en emergencias humanitarias.
Al final, la gran incógnita no es si ocurrirá la próxima crisis climática, sino quién pagará la factura. Mientras el reloj avanza hacia 2050, el reto es romper la ecuación que convierte al calentamiento global en sinónimo de pobreza crónica para millones. Porque si la injusticia climática se normaliza, el precio lo pagaremos tarde o temprano, en todas las latitudes.
