Rejas, rostros infantiles y un clamor constante: “déjennos ir”. Así describen cinco hijos de Hayam El-Gamal los más de ocho meses que han pasado detenidos en el único centro para familias migrantes que aún funciona en Estados Unidos. El encierro prolongado y las condiciones precarias han dejado huellas visibles en los menores y en sus padres.
Tal como informa EFE, las instalaciones de Dilley, en Texas, albergan a más de 1.400 personas, incluyendo alrededor de 400 menores, algunos en etapa de lactancia. Reabiertas tras años de cierre, estas dependencias gestionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido foco de críticas por el trato a los migrantes y la escasa atención médica.
El caso de los El-Gamal es emblemático. Tras ser arrestados en Colorado, la familia fue trasladada a Dilley. Durante la detención, uno de los hijos de 16 años sufrió apendicitis y solo recibió analgésicos mientras su dolor empeoraba, hasta que finalmente fue hospitalizado. Sus abogados denuncian la falta de atención médica real, una situación agravada por un brote reciente de sarampión en el centro.
Los expertos coinciden en que los menores están especialmente expuestos. Javier Hidalgo, abogado de la ONG Raíces Texas, señala que casi todos los niños presentan síntomas de enfermedad por las condiciones del lugar. La educación formal prácticamente desaparece: los menores reciben únicamente libros y materiales educativos, sin acompañamiento docente, mientras que los daños psicológicos se prolongan incluso después de salir de la detención.
Los datos reflejan un aumento preocupante de menores detenidos bajo la administración de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre del primer año de su Gobierno, se registraron en promedio 170 arrestos mensuales de niños, frente a los 25 reportados durante el último año de la presidencia de Joe Biden. Abogados como Chris Goodman insisten en que estas cifras deberían encender alertas sobre lo que muchos llaman “una cárcel para niños” en EE.UU.
La tensión entre la defensa de los derechos de los migrantes y la narrativa gubernamental persiste. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional asegura que se brinda atención médica adecuada, las denuncias de familiares y abogados ponen en evidencia la brecha entre los protocolos oficiales y la realidad diaria de los detenidos.
