Las autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Sinaloa a Juan Pablo Vargas Báez, alias “Chuki”, señalado como piloto de la facción de Los Chapitos dentro del Cartel de Sinaloa. El arresto, confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se ejecutó en la localidad serrana de Surutato, municipio de Badiraguato, durante operativos de vigilancia.
Según informó EFE, Vargas Báez, de 26 años, tenía una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. Fuentes oficiales detallaron que su nombre figura en la misma causa penal que otros 12 objetivos considerados de alto nivel dentro del llamado Cartel del Pacífico, entre ellos Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
En el despliegue participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Tras confirmar su identidad, las fuerzas de seguridad procedieron a cumplimentar la orden judicial.
El contexto de la detención refleja la compleja situación que atraviesa Sinaloa. Un año después de la ola de violencia que sacudió a Culiacán, capital del estado, el Consejo Estatal de Seguridad Pública ha contabilizado 1,828 homicidios dolosos y 2,390 desapariciones forzadas. La organización civil advierte que la pugna interna entre facciones del cartel continúa alimentando la crisis.
Desde septiembre de 2024, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada —cofundador de la organización—, los enfrentamientos se han recrudecido. El arresto de Zambada, ocurrido luego de que Joaquín Guzmán López lo entregara a las autoridades estadounidenses, marcó un punto de quiebre que llevó incluso a Estados Unidos a declarar al Cartel de Sinaloa como grupo terrorista.
La detención de “Chuki” se enmarca, entonces, en una estrategia más amplia de debilitamiento de las estructuras criminales, aunque especialistas en seguridad advierten que estos golpes no han sido suficientes para frenar el repunte de violencia en la región.
