Una patrulla del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvo en la comunidad de Las Clavelinas, provincia Bahoruco, a Ramona Gabriel de Rosario mientras trasladaba en un minibús a once ciudadanos haitianos sin estatus migratorio regular dos hombres, tres mujeres y seis menores de edad con destino a Neyba. El vehículo Daihatsu blanco, placa I078733, fue interceptado durante un operativo de rutina y los ocupantes quedaron bajo custodia militar en la Fortaleza Cambronal para los trámites correspondientes.
Aunque los intentos de tráfico interno suelen pasar desapercibidos, el caso ocurre en medio de una ofensiva estatal más amplia contra la migración irregular. Datos oficiales indican que en 2024 las autoridades deportaron a 276 215 personas, la mayoría haitianos, y el Gobierno ha reiterado su meta de expulsar hasta 10 000 indocumentados por semana desde octubre del año pasado.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la política migratoria dominicana raya en la persecución racial. William Charpantier, coordinador de la Mesa Nacional para Migrantes y Refugiados (MENAMIRD), advirtió que incluso personas con documentos válidos o nacidas en el país han sido detenidas arbitrariamente en operativos similares.
Los riesgos no se limitan a las carreteras. Apenas el 12 de julio, un naufragio frente a las costas dominicanas dejó al menos cuatro muertos y una veintena de desaparecidos, recordando que muchos migrantes haitianos y también dominicanos apuestan sus vidas a embarcaciones precarias para llegar a Puerto Rico.
Analistas señalan que, mientras Haití permanece sumida en la violencia de las pandillas y la crisis humanitaria, la presión sobre la frontera sur dominicana seguirá creciendo. El ERD ha reforzado retenes en puntos neurálgicos de Bahoruco, Independencia y Dajabón, pero los traficantes se adaptan abriendo rutas alternas por caminos vecinales y empleando vehículos discretos como el minibús incautado.
Desde el Palacio Nacional se insiste en que la medida “protege el empleo local y la seguridad nacional”; sin embargo, juristas advierten que el país se expone a sanciones internacionales si no garantiza procesos dignos, sobre todo cuando hay menores involucrados. Por ahora, los once migrantes quedarán en manos de la Dirección General de Migración mientras se determina su eventual repatriación o un posible proceso de regularización extraordinaria.
