La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la cancelación y suspensión de varios Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a personas y empresas vinculadas a casos de corrupción, con el objetivo de blindar la transparencia en el sistema de compras públicas.
Según publicó El Nacional, la medida quedó formalizada mediante la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701, sustentada en informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto por las leyes 340-06 de Compras y Contrataciones y 107-13 sobre Procedimiento Administrativo.
Carlos Pimentel Florenzán, director de la DGCP, afirmó que esta disposición reafirma el compromiso de la institución de evitar que proveedores condenados o bajo proceso penal se beneficien de fondos públicos. “Buscamos garantizar la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, fortaleciendo los controles y cerrando la puerta a quienes han sido señalados por corrupción”, expresó.
Alcance de la resolución
El documento oficial establece tres medidas principales:
-
Cancelación definitiva de 21 registros de proveedores ya condenados mediante acuerdos homologados.
-
Suspensión provisional de 14 empresas o personas actualmente procesadas, hasta que exista decisión judicial firme.
-
Suspensión automática de 12 registros adicionales pertenecientes a compañías cuyos socios o directivos han recibido condenas penales.
Los proveedores con estatus de “cancelado” no podrán volver a contratar con el Estado, mientras que los “suspendidos” estarán inhabilitados de manera temporal hasta la conclusión de sus procesos judiciales. La DGCP notificó esta decisión a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría, para asegurar la aplicación coordinada de la medida.
Implicaciones para el mercado público
La disposición no solo tiene un efecto administrativo, sino que también envía un mensaje político y social en un momento en que la sociedad dominicana exige mayor rendición de cuentas. Con este paso, la DGCP refuerza la tendencia de los últimos años hacia un sistema de contratación más transparente, en línea con estándares internacionales de integridad.
Expertos en gobernanza destacan que iniciativas como esta contribuyen a mejorar la confianza en el uso de los recursos estatales y a limitar la participación de actores cuestionados en la gestión pública. No obstante, también plantean el reto de garantizar que los procesos judiciales avancen con rapidez para evitar que las suspensiones prolongadas generen litigios o distorsiones en la competencia.
La resolución completa se encuentra disponible para consulta en el portal institucional de la DGCP.
