La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acaba de marcar un hito silencioso, pero decisivo, en la arquitectura fiscal del país. Superar una evaluación internacional sobre manejo de información sensible no suele ocupar titulares llamativos, aunque su impacto se siente en la confianza, la credibilidad y el posicionamiento de la República Dominicana en el tablero global.
Tal como informa la Presidencia, la DGII aprobó satisfactoriamente la evaluación de confidencialidad y salvaguarda de datos vinculada al intercambio automático de información del Reporte País por País, correspondiente a la Acción 13 del proyecto BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un estándar clave para combatir la evasión fiscal de grandes grupos multinacionales.
La revisión, realizada entre el 9 y el 11 de julio de 2024, puso bajo la lupa los protocolos de seguridad, los controles internos y los mecanismos de protección de datos que maneja la administración tributaria dominicana. No se trató de una auditoría superficial: se evaluó desde la gestión de incidentes tecnológicos hasta la capacidad institucional para resguardar información altamente sensible proveniente del exterior.
Uno de los puntos mejor valorados fue el enfoque integral aplicado durante el proceso. Participaron áreas estratégicas como Tecnología y Comunicaciones, Recursos Humanos, Auditoría, Infraestructura y Logística, además de los departamentos especializados en Fiscalidad Internacional y Seguridad de la Información. Esa coordinación interna habla de una institucionalidad que entiende que la transparencia fiscal no es solo un asunto técnico, sino organizacional.
El informe final de la OCDE calificó los resultados como satisfactorios y alineados con los términos de referencia del estándar internacional. Más allá del cumplimiento formal, el organismo destacó el nivel de madurez alcanzado por la DGII y los avances sostenidos en tecnología y protección de datos, dos factores determinantes para sostener los intercambios automáticos de información entre países.
Este tipo de evaluaciones cobra especial relevancia en un contexto donde más de 140 jurisdicciones participan en el marco inclusivo del proyecto BEPS, impulsado por la OCDE y el G20. La Acción 13, en particular, busca que las administraciones tributarias cuenten con información clara sobre cómo las multinacionales distribuyen sus ingresos, impuestos y actividades económicas en cada país donde operan.
Para la República Dominicana, superar esta prueba no solo fortalece su imagen ante los socios internacionales, también envía una señal a inversionistas y organismos multilaterales sobre la seriedad con la que se asumen los compromisos en materia de transparencia y gobernanza fiscal.
“Con el resultado de esta evaluación, seguimos reafirmando el compromiso de la institución con la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales”, expresó Luis Valdez Veras, director general de la DGII, al valorar el informe del organismo internacional.
Más allá del reconocimiento, el desafío ahora es sostener ese nivel. En un entorno global donde la cooperación fiscal es cada vez más exigente, la capacidad de proteger la información y usarla de manera responsable se convierte en un activo estratégico para el país.
