El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) endureció su pulso con Harvard al entregarle este 9 de julio una citación administrativa que obliga a la universidad a remitir expedientes, comunicaciones y videos relacionados con todos sus alumnos internacionales desde el 1.º de enero de 2020. La medida, cursada a través de ICE, amenaza con sanciones adicionales si la institución no coopera.
Según EFE, la universidad de Cambridge ya había remitido parte de la información en abril y mayo, pero Washington la consideró insuficiente y, como represalia, suspendió los programas de intercambio y vetó a académicos foráneos. Harvard califica los nuevos requerimientos de “injustificados” y acusa al Gobierno de represalias por defender su autonomía.
El DHS sostiene que la universidad “permitió que estudiantes extranjeros abusaran de sus visados y promovieran violencia y terrorismo en el campus”. La subsecretaria Tricia McLaughlin advierte que, de no entregar los archivos de unos 7 000 alumnos cerca del 27 % de la matrícula total, se revocará la certificación del programa Student and Exchange Visitor (SEVP).
No es la primera amenaza. Un memorando de la propia agencia detalla que en abril y nuevamente en mayo la secretaria Kristi Noem ya había conminado a Harvard a producir la información, advirtiendo que la negativa conllevaría la cancelación del SEVP.
Harvard contraatacó en tribunales. El 23 de mayo presentó una demanda para anular la retirada del SEVP y, el 30 de junio, una jueza federal de Boston prorrogó indefinidamente la orden que impide al Gobierno expulsar a los estudiantes extranjeros mientras se ventila el caso.
La citación forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para presionar a centros de élite que, según la Casa Blanca, son indulgentes con protestas “antisemitas” o con ideologías consideradas de izquierda. El mismo día, los departamentos de Educación y Salud advirtieron que la acreditación de Harvard corre peligro si no corrige supuestas violaciones a la ley de derechos civiles.
Golpear a la población internacional impactaría no solo a Harvard, que depende de sus matrículas completas para financiar investigación, sino a la economía estadounidense en general. En el curso 2023-2024, los estudiantes extranjeros aportaron unos 44 000 millones de dólares a la economía y sostuvieron más de 368 000 empleos, según cálculos de NAFSA y el Instituto de Educación Internacional (IIE).
El litigio seguirá en el juzgado federal de Boston el 21 de julio, fecha límite impuesta por Washington para que Harvard cumpla. Mientras tanto, otras universidades observan el choque con cautela el precedente podría definir hasta dónde llega la autonomía académica frente al poder del Estado.
