Como un mecanismo para agilizar trámites de registro civil y procesos familiares, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles a unanimidad y en primera lectura un proyecto de ley que declara como judicialmente fallecidas a las personas que aún están desaparecidas y que se constató que estaban presentes en la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto del 2023.
La proponente del proyecto es la diputada Ydenia Doñé, representante de la provincia San Cristóbal, quien habló en el hemiciclo antes de aprobarse la ley para argumentar que muchos hijos de los desaparecidos no han podido cobrar una pensión, mientras que otros familiares «aún no tienen paz» por estar ocupados en trámites civiles.
Mientras que el diputado Eddy Montás, también representante de San Cristóbal, enfatizó la importancia del proyecto al explicar que la Ley servirá como una herramienta para resolver procesos civiles que están paralizados y que no pueden avanzar hasta que los desaparecidos no sean declarados como fallecidos, a casi un año de la explosión.
De acuerdo con el tercer artículo del proyecto de ley, las 12 personas que desaparecieron durante la explosión serán declaradas como judicialmente fallecidas mediante una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal.
Como medios de pruebas para evidenciar su muerte, se tomarán en cuenta todos los recursos admisibles como publicaciones, videos, audios, localización digital, conversaciones telefónicas, redes sociales, comunicación oficial o reconocimiento, así como pruebas testimoniales y referencias con credibilidad.
En ese sentido, los desaparecidos podrán ser declarados como fallecidos a petición de todo interesado o del Ministerio Público, mediante una instancia dirigida a la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal que no tendrá ningún costo ni proceso burocrático.
La misma ley establece que es necesario establecer un procedimiento que autorice a declarar como judicialmente fallecidos a los desaparecidos con el fin de evitar los inconvenientes en trámites y que así se permita regularizar los registros del estado civil correspondiente.
Hace tres semanas, varios familiares de los desaparecidos acudieron con abogados a la Cámara de Diputados para pedir el avance del proyecto y así «tener paz y tranquilidad«.
En la explosión, ocurrida en agosto del 2023, murieron 38 personas y las investigaciones arrojan como responsables a la empresa Vidal Plast y sus propietarios.
