El SEIBO, R. D.La quietud de la comunidad Pedro Sánchez se quebró la noche del domingo cuando un disparo, supuestamente fortuito, terminó con la vida de don Ramón Martínez Soriano, de 80 años. El octogenario manipulaba un revólver plateado de empuñadura negra dentro de su vivienda cuando el arma se accionó, causándole una herida en el labio superior y un trauma torácico que resultaron fatales minutos después en el Hospital Teófilo Hernández.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el proyectil ingresó por la zona bucal y perforó tejidos vitales antes de alojarse en la espalda. El cuerpo fue remitido a la sede del INACIF en San Pedro de Macorís, donde forenses buscan confirmar la trayectoria exacta y descartar cualquier variable distinta a la versión de accidente doméstico.
Aunque los disparos accidentales suelen pasar inadvertidos en la estadística oficial, las muertes por armas de fuego han disminuido paulatinamente:
la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reportó una tasa de 4,8 fallecidos por cada 100 mil habitantes en 2024, la cifra más baja en la última década. Aun así, los siniestros no dejan de ser motivo de alarma un análisis de DiarioDigitalRD destaca que entre 2015 y 2024 las víctimas de balas pasaron de 2 515 a 1 189, una reducción del 43 %, pero todavía por encima de los promedios regionales.
Expertos en seguridad consultados subrayan que el caso refleja dos problemas crónicos: la tenencia de armas de fuego por personas de edad avanzada frecuentemente sin la destreza o el entrenamiento requerido y la escasa cultura de mantenimiento. La Ley 631-16 exige pruebas psicométricas, exámenes médicos y renovación periódica de licencias, además de la obligación de mantener las armas descargadas y bajo llave cuando no estén en uso. Sin embargo, en la práctica persisten lagunas solo en los primeros tres meses de 2025 se reportaron 38 armas robadas a particulares, 15 de ellas mediante violencia, según un informe de la Policía Nacional.
Vecinos describieron a Martínez Soriano como un agricultor retirado, “servidor, dado a los cuentos de la vida y amante de las labores comunitarias”. Para ellos la desgracia expone un dilema: el temor a la delincuencia empuja a muchos adultos mayores a conservar pistolas heredadas, pero la falta de controles técnicos multiplica el riesgo de disparos involuntarios.
Mientras la Fiscalía de El Seibo concluye las pesquisas, el suceso reaviva el debate sobre la necesidad de campañas de desarme voluntario y cursos obligatorios de manejo seguro, especialmente para propietarios de más de 60 años. De cara al próximo período legislativo, organizaciones civiles intentan reimpulsar un anteproyecto que incluiría revisiones médicas anuales y mayor fiscalización electrónica de la trazabilidad de cada arma.
Con la comunidad sumida en duelo, las autoridades llaman a reportar cualquier arma no regularizada y recuerdan que la posesión ilegal conlleva penas de hasta diez años de prisión. En palabras de un oficial al frente del caso “Una vida se apagó por un descuido; toca a todos nosotros evitar que la próxima bala errante vuelva a golpear un hogar dominicano”.
