El uso indebido de drones dejó de ser una escena propia de películas de espionaje para convertirse en una preocupación real en aeropuertos, fronteras y hasta en grandes eventos públicos de Europa. En los últimos años, los incidentes con aeronaves no tripuladas —desde sobrevuelos sospechosos hasta interrupciones en infraestructuras críticas— han obligado a las autoridades a replantear cómo proteger el espacio aéreo sin frenar la innovación tecnológica.
Según informó EFE, la Comisión Europea presentó un plan de acción enfocado en frenar los llamados drones maliciosos mediante una estrategia que combina tecnología, coordinación entre Estados y fortalecimiento industrial. La vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, fue tajante al advertir que una amenaza contra un Estado miembro impacta al conjunto de la Unión.
El documento, de carácter no legislativo, articula cuatro ejes: elevar el nivel de preparación, mejorar las capacidades de detección, coordinar respuestas y reforzar la defensa europea frente a riesgos emergentes. La propuesta no solo mira a los drones comerciales modificados con fines ilícitos, sino también a globos a gran altitud y otros dispositivos capaces de vulnerar el espacio aéreo comunitario.
Uno de los puntos más novedosos es el uso de las redes 5G como herramienta de detección. Bruselas quiere explorar con los Estados miembros la posibilidad de utilizar antenas 5G como si fueran radares, aprovechando su capacidad para rastrear objetos en tiempo real con alta precisión. De acuerdo con la Comisión, esta tecnología podría ofrecer un seguimiento inmediato de aeronaves sospechosas, algo clave en escenarios donde cada segundo cuenta.
La idea no surge en el vacío. Países como Estados Unidos y el Reino Unido ya han probado sistemas de detección que combinan inteligencia artificial, sensores acústicos y redes móviles para identificar drones no autorizados en zonas sensibles. En paralelo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha venido reforzando en los últimos años los requisitos de registro y geolocalización remota para operadores, un marco que ahora Bruselas quiere complementar con nuevas herramientas.
El plan también apuesta por una cooperación civil-militar más estrecha. La Comisión propone coordinar la planificación industrial para atraer inversiones, fomentar la interoperabilidad y crear un Centro de Excelencia Antidrones de la UE. Además, se contempla un sistema de certificación para tecnologías antidrones y un foro permanente de consulta con el sector empresarial.
En el plano comercial, Bruselas adelantó que propondrá una etiqueta de “dron de confianza de la UE”. El objetivo es distinguir en el mercado aquellos equipos que cumplan estándares de seguridad y protección de datos, en un contexto donde la dependencia de componentes tecnológicos externos ha generado preocupación estratégica. La protección de las cadenas de suministro, tanto de drones como de sistemas de defensa contra ellos, será objeto de una evaluación coordinada de riesgos.
La seguridad de infraestructuras críticas ocupa un lugar central. La Comisión prevé emitir directrices específicas para operadores, lanzar un proyecto piloto de vigilancia marítima y apoyar a los Estados frente a amenazas a gran altitud, incluidas las procedentes de fuera del territorio comunitario. Estos movimientos se conectan con la hoja de ruta de preparación en defensa hacia 2030 y con la llamada vigilancia del flanco este, en un entorno geopolítico marcado por la guerra en Ucrania.
De hecho, Bruselas pretende estrechar la cooperación con la industria a través de la Alianza de Drones con Ucrania, buscando acelerar la producción en masa de tecnologías de defensa asequibles. La experiencia del conflicto ha demostrado que los drones pueden inclinar la balanza en el terreno militar, pero también ha evidenciado su potencial disruptivo en entornos civiles.
Europa enfrenta así un delicado equilibrio impulsar una industria que genera empleo e innovación, mientras blinda sus cielos frente a usos hostiles. El plan presentado no es aún una ley, pero marca el rumbo de una política que reconoce que el espacio aéreo ya no se defiende solo con aviones y radares tradicionales, sino también con algoritmos, antenas 5G y cooperación estratégica.
