Dajabón. – Una patrulla del Ejército de la República Dominicana (ERD) frustró un nuevo intento de contrabando fronterizo tras descubrir 77 400 cigarrillos de la marca Capital escondidos en tres vehículos que intentaban entrar al país por el puesto de chequeo El Rodeo.
Según reseñó El Nacional, los militares detuvieron una jeepeta Toyota Highlander, una Honda CR‑V y un Hyundai plateado tras notar compartimentos alterados en el motor, las puertas y el bonete. En los registros hallaron 40 000, 25 000 y 12 400 unidades respectivamente. Los conductores Ariel de Jesús Valerio Sosa, Yubrail del Carmen Tapia, Waldo Ysmael Rodríguez Rodríguez y Yois de Jesús Jiménez Diloné quedaron bajo custodia militar y serán presentados ante el Ministerio Público.
La incautación forma parte de la ofensiva que el ERD desarrolla a lo largo de la línea limítrofe para frenar el tráfico ilícito de cigarrillos, combustible y mercancía diversa. Cifras de la Dirección General de Aduanas indican que solo entre enero y marzo de 2025 se han confiscado más de dos millones de cigarrillos en distintos puntos del territorio, con un impacto fiscal potencial que supera los RD$40 millones en impuestos dejados de percibir. Los comerciantes locales celebran la medida porque, como advierte la Asociación de Detallistas de Dajabón, el tabaco adulterado “mete presión” a los negocios formales y erosiona la recaudación estatal.
El coronel Juan Miguel Baldera, vocero del Décimo Batallón de Infantería, explicó que los decomisos se logran gracias a “perfiles de riesgo” levantados en cada retén fronterizo y a la colaboración de la inteligencia militar haitiana. Tras el levantamiento, toda la evidencia fue remitida al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), entidad que certificará el volumen y liderará la destrucción de la carga.
Expertos en salud pública, como la neumóloga Anabel González Ramírez, recuerdan que los cigarrillos de contrabando suelen eludir los controles sanitarios y pueden contener niveles de alquitrán y nicotina muy por encima de lo permitido. “No es solo un asunto fiscal; es un problema de salud colectiva”, advirtió la galena.
Mientras avanza la investigación, las autoridades reiteran el llamado a la población para denunciar puntos de venta clandestinos. De demostrarse responsabilidad, los imputados enfrentarían cargos por violación a la Ley 17‑19 de Erradicación del Comercio Ilícito y al Código Tributario, penas que oscilan entre tres y cinco años de prisión, además de fuertes sanciones económicas.
Con operativos cada vez más frecuentes y el refuerzo de la vigilancia electrónica en los pasos fronterizos, el ERD busca enviar un mensaje claro: la frontera no es “tierra de nadie” y el contrabando, por pequeño que parezca, saldrá caro a quien se arriesgue.
