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sábado, julio 24, 2021

El 80 % de casos de explotación de menores involucra a los padres

Expertos advierten que la crisis generada por la pandemia covid-19 incide en el aumento de explotación de menores.
Una de cuatro trabajadoras sexuales es menor. El delito se comete a la vista de todos en parques, playas y calles

“Cuando tenía 13 años mi hermano me dijo que fuéramos a un lugar en la capital. Me llevó a un negocio. Se sentó conmigo en el bar a beber, después de un rato me dijo, vengo ahora. No volvió. Cuando intento irme, el dueño del negocio me dice que no me puedo ir porque él le había pagado 4,000 pesos por mí a mi hermano. Ahí entendí que él me había vendido. Lloré mucho. Era una niña, nunca había tenido sexo. Me obligaron a tener sexo con 4 y 5 hombres por noche”.

Es el relato de una sobreviviente de trata, cuya historia es contada en el estudio: “Trata interna de mujeres, niñas, niños y adolescentes en República Dominicana”, publicado en marzo 2019, por el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica).

Y es que a pesar de los esfuerzos realizados por autoridades locales y organismos que protegen los derechos de la niñez, la trata de menores con fines de explotación sexual, laboral y de mendicidad crece como un cáncer imparable, con metástasis avanzada, que muchas veces inicia en el tejido familiar.

De acuerdo con la titular interina de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, en el 80 % de los casos de explotación de menores están vinculados los padres de manera directa o indirecta.

“Unos porque los explotan directamente para recibir un beneficio y lucrarse económicamente y otros porque de los explotadores permiten recibir esos beneficios. O sea, yo te permito el niño supuestamente con intenciones de llevarlo a educarse o a prepararse, pero ¿cuál es el interés de tú facilitarme recursos, bienes, pagarme vivienda, hacerme regalos si no estás recibiendo nada a cambio de parte mía como padre”, cuestiona la magistrada.

En el referido informe, autoría de los investigadores Tahira Vargas y Segundo Maldonado Abreu, se presenta a la familia como el principal escenario generador de trata interna. La investigación precisa que en forma directa hay personas en el interior de las familias, padres, hermanos, tías que venden a niños y niñas para la explotación sexual y/o para la explotación laboral.

También está la forma indirecta, expuesta según el estudio. Casos de familias en las que los círculos de violencia física, abuso sexual, incesto y negación de derechos sexuales y reproductivos provocan la expulsión de adolescentes de sexo femenino hacia la calle desprotegiéndola y sometiéndolas a situaciones de riesgos.

“Me fui de la casa porque me daban muchos golpes. Mis tíos, primos, tías, todos me golpeaban, no quería aguantar más golpe. Cogí calle, una amiga que era mayor que yo me llevó a un negocio y allí me prostituí”, es el testimonio de una de las 26 entrevistadas en el estudio, sobrevivientes de trata en: Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís.

Esa invisibilidad de la trata tiene arraigo en los escenarios principales de la sociedad, la familia, las relaciones de amistad y de pareja así como la búsqueda de ingresos, destaca el documento. “Muchas familias no cuentan con el reconocimiento de los derechos de la niñez y adolescencia que se forja en su interior y por el contrario ven a niños, niñas y adolescentes como su propiedad. Las prácticas de violencia al interior de las familias se remiten a toda nuestra historia social y estaban totalmente normalizadas y aceptadas”, sostiene.

Una prevalencia de un 10 %

El “Mapeo actores claves en la prevención y protección de víctimas de trata de personas en la República Dominicana”, publicado en marzo del 2021, revela que “los resultados de estudios recientes colocan la prevalencia de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en áreas específicas de la República Dominicana en 10 %, con una mayor incidencia en parques, playas y zonas de la calle, donde una de cuatro trabajadoras sexuales eran menores de 18 años, la mayoría de las cuales se encontraban entre los 15 y 17 años”.

Igualmente, destaca que la violencia contra la infancia y adolescencia en cualquiera de sus formas: maltrato, abuso incluyendo explotación sexual, trata y tráfico es una violación a los derechos humanos de este segmento vulnerable de la población.

Pandemia aumenta vulnerabilidad

El incremento de los niveles de desempleo, la reducción de los ingresos y el cierre de las escuelas a raíz de la covid-19 ha ampliado el nivel de vulnerabilidad de muchas personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, que están ahora en mayor riesgo de ser explotadas, resalta el referido documento, coordinado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Conforme con lo establecido en el análisis, el flagelo puede ganar más auge ya sea por la carencia de recursos necesarios de algunas personas para hacer frente a la pandemia. En el caso de niños, niñas y adolescentes porque ahora los esquemas escolares y sociales están basados en el uso de internet, exponiéndolos a largo tiempo navegando en redes sociales, sin la adecuada supervisión.

Entre otras causas señala el incremento de la violencia doméstica reportado por muchos países como un indicador sobre las condiciones de vida de muchas de las víctimas de trata de personas, especialmente de aquellas que se encuentran en condiciones de servidumbre o esclavitud sexual, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

El peligro de la virtualidad en niños

En alusión al tema de la tecnología, el Informe de la República Dominicana sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 2019, explica que “en los casos de explotación sexual comercial de menores de edad, se ha identificado que grupos de adolescentes forman chats de Whatsapp en las escuelas y entre estos algunos lo utilizan para captar y comercializar con los menores de edad para ser ofrecidos a personas adultas”.

La problemática se evidencia en el citado documento, presentado por la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, presidida y coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la República Dominicana, entre las modalidades más frecuentes de trata de personas figuran la explotación sexual, encabezando la lista, luego con fines laborales y en tercer plano está la mendicidad forzada.

Conforme a datos publicados en la página web de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, entre mayo 2017 a marzo 2019 se registraron 139 casos judicializados de explotación sexual comercial, tráfico ilícito de migrantes, pornografía infantil y trata de personas.

De las 381 víctimas rescatadas, 368 son mujeres, 13 hombres y 88 menores de edad. Del total de casos judicializados que implicaron 139 personas detenidas, 12 lugares clausurados, se obtuvieron 33 sentencias condenatorias.

El aumento se registra en las estadísticas de 2020. De 83 víctimas de trata rescatadas el año pasado, 42 son mujeres adultas y 41 menores de edad.

Llevan a las niñas a la boca del lobo

Virginia Saiz, directora de Plan International República Dominicana, en entrevista para elCaribe, dijo que en los estudios realizados por la organización se evidencia por los propios niños y niñas de explotación sexual, que quienes los motivan a prostituirse son sus progenitores. “Hemos visto como en Barahona en la carretera hacia Pedernales hay incluso madres que motivan a sus hijas a que salgan a la carretera principal para que cuando salgan los camioneros puedan tener sexo con ellas”, expresa.

Concluye en que a lo interno del flagelo se esconde un sistema de protección que no ejerce su función y unas prácticas de crianzas que desde temprana edad utilizan a los niños y niñas en beneficio económico de las familias.

Sanciones contempladas para los explotadores

El artículo 410 de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección de los Derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, establece penas de tres a diez años y multas de 10 a 30 salarios mínimos para personas, empresas o instituciones que utilicen un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de dinero, favores en especie o cualquier otra remuneración, lo cual constituye explotación sexual comercial en la forma de prostitución de niños, niñas y adolescentes, así como quienes ayuden, faciliten o encubran a los que incurran en este delito. Asimismo, la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en el artículo 3 dispone que el trabajo forzoso es sancionado con las mismas penas que aplica para la trata sexual, de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos, ya que está contemplado como una forma de explotación dentro de la trata.

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