La vida pública en Hong Kong vuelve a tensarse mientras la ciudad intenta recuperarse del incendio que estremeció a la comunidad y dejó al descubierto fallas profundas en el sistema de rehabilitación de edificios. Con decenas de familias aún buscando respuestas y miles de afectados viviendo en alojamientos temporales, el gobierno insiste en que no habrá cambios en el calendario político.
Según EFE, las autoridades mantienen firme la celebración de las elecciones al Consejo Legislativo el próximo 7 de diciembre, una decisión que el jefe del Ejecutivo, John Lee, defiende como un paso necesario para sostener el orden institucional en un momento especialmente sensible para la ciudad.
El impacto del incendio de Wang Fuk Court ha sido devastador. Los equipos de rescate continúan rastreando entre los restos calcinados del complejo, mientras una comisión independiente a cargo de un juez iniciará una investigación exhaustiva que podría redefinir por completo las normas de rehabilitación en Hong Kong. El propio Lee ha descrito el proceso de reforma como “ineludible”, admitiendo fallos graves tanto en supervisión como en controles técnicos.
A esto se suma un panorama político marcado por la desconfianza. Solo 20 de los 90 escaños del futuro Consejo Legislativo se elegirán por voto directo, mientras los sectores funcionales y el Comité Electoral mantienen un peso determinante. Tras la participación históricamente baja en los comicios de 2021, las autoridades habían intentado motivar a la ciudadanía, aunque todos los actos públicos quedaron congelados desde que ocurrió la tragedia.
En paralelo, el uso de la Ordenanza del Artículo 23 vuelve a encender las alarmas entre activistas y organizaciones internacionales. Cuatro personas fueron arrestadas por presuntos delitos contra la seguridad nacional, incluyendo un estudiante que promovía una petición para exigir responsabilidades políticas. La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional ha advertido que este tipo de acciones serán perseguidas sin titubeos.
Los descubrimientos preliminares sobre el incendio agravan aún más el cuadro. Siete de las veinte muestras tomadas de la fachada incumplen la resistencia al fuego exigida, lo que apunta a una cadena de negligencias que podría involucrar corrupción y fraude en la ejecución de las obras. Doce personas están bajo arresto por homicidio imprudente y manipulación irregular de materiales, acciones que, según las autoridades, buscaban esquivar controles tras el paso del supertifón Ragasa.
Mientras las investigaciones avanzan, la ciudad intenta reorganizarse. Más de mil afectados han sido ubicados en módulos provisionales en Tai Po Mega Mall y otros cientos en hoteles, aunque la ayuda inicial solo cubre dos semanas. Aun así, la respuesta ciudadana ha sido significativa donaciones y voluntariado se han multiplicado, mostrando un esfuerzo colectivo por apoyar a quienes lo perdieron todo.
El gobierno insiste en que la estabilidad política es clave para enfrentar esta crisis, pero muchos habitantes sienten que la herida abierta por el incendio va más allá de lo material. La investigación promete revelar responsables y fallos estructurales que se venían acumulando desde hace años, y que ahora la ciudad ya no puede darse el lujo de ignorar.
