Una coalición de veinte estados liderados por fiscales generales demócratas, junto al Distrito de Columbia, presentó una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump por imponer restricciones al uso de fondos federales destinados a programas de seguridad pública y apoyo a víctimas.
Según informó EFE, la querella legal fue presentada en un tribunal de Rhode Island y cuestiona una política del Departamento de Justicia de Estados Unidos que prohíbe emplear subvenciones federales para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados. Los recursos afectados provienen de programas como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
Los demandantes alegan que la medida viola la Cláusula de Gastos de la Constitución y crea un escenario de incertidumbre jurídica. En el documento se advierte que la disposición es ambigua al no definir con precisión qué se entiende por servicios legales, lo que obligaría a estados y organizaciones a adivinar qué actividades pueden financiarse. Además, denuncian que la norma impondría cargas administrativas excesivas, como verificar el estatus migratorio de cada beneficiario antes de ofrecer asistencia.
Los fondos de VOCA y VAWA han sido claves para que víctimas de violencia doméstica, agresiones sexuales o trata de personas accedan a órdenes de protección, asesoría para denuncias policiales o asistencia en procesos de custodia de menores. Con la restricción, temen que miles de personas pierdan la posibilidad de recibir acompañamiento jurídico básico.
El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que la política debilita la seguridad ciudadana. La nueva condición del Departamento de Justicia obligaría a las organizaciones a reducir drásticamente sus servicios, sabiendo que aún podrían incumplir las exigencias y quedar expuestas a sanciones, dijo en un comunicado.
Además de California, la demanda fue suscrita por estados como Nueva York, Illinois, Colorado, Massachusetts, Oregón y Washington, entre otros. Para los fiscales, la iniciativa de Trump se suma a un historial de disposiciones restrictivas en materia migratoria que han generado confrontaciones legales durante y después de su mandato.
Más allá del litigio, el caso pone sobre la mesa el debate de hasta dónde el gobierno federal puede condicionar el uso de subvenciones que buscan atender a las poblaciones más vulnerables. Mientras el proceso avanza en los tribunales, las organizaciones comunitarias temen una reducción de recursos que podría dejar sin respaldo a víctimas en un momento en que los índices de violencia de género y delitos asociados a la trata siguen siendo motivo de alarma en varios estados del país.
