Durante más de una década, los profesores universitarios han visto cómo la inflación erosiona su poder adquisitivo sin que el Estado ajuste las escalas impositivas, a pesar de que la ley lo ordena. Ese reclamo volvió a ponerse sobre la mesa este miércoles, cuando la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD) exigió la aplicación inmediata de la exención contributiva por inflación establecida en el Código Tributario dominicano.
De acuerdo con declaraciones del presidente de la federación, Pastor de la Rosa Ventura, el Gobierno mantiene congelada desde 2016 la base salarial exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en RD$416,820.00 anuales equivalente a RD$34,735 mensuales, lo que, según el gremio, constituye una violación directa a la Ley 11-92 y un perjuicio a los trabajadores asalariados.
El dirigente explicó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y los distintos gobiernos han ignorado la obligación de ajustar cada año la escala impositiva conforme a la inflación, como establecen el artículo 327 del Código Tributario y el Reglamento 139-98. Esa omisión, afirmó, ha permitido al Estado retener injustamente parte significativa de los ingresos de los empleados, reduciendo el valor real de sus salarios.
FAPROUASD presentó un análisis que ilustra la magnitud del problema: un trabajador que en 2017 ganaba RD$90,000 y hoy percibe RD$130,000 apenas ha mejorado su ingreso real, pues los aumentos salariales se han visto neutralizados por la inflación acumulada y las mayores deducciones fiscales. La organización gremial subraya que el propio Banco Central ha reconocido una inflación promedio cercana al 9% anual, lo que agrava la pérdida del poder adquisitivo de la población asalariada.
Ante esa situación, FAPROUASD propone actualizar la base exenta del ISR a RD$670,800.00 anuales (RD$55,900 mensuales), cifra que, según sus cálculos, reflejaría el ajuste acumulado por inflación en los últimos años. De aplicarse, quedarían libres de impuestos los salarios inferiores a RD$55,900 y se aliviaría la carga tributaria de quienes superan ese monto.
“La no indexación no solo viola la ley, sino que representa una afrenta a los trabajadores que cumplen con sus obligaciones fiscales”, sostuvo De la Rosa Ventura. El gremio también exige que la DGII devuelva los montos retenidos de forma indebida durante los años en que no se aplicó el ajuste correspondiente.
Finalmente, la federación hizo un llamado a todos los asalariados del país a unirse para exigir la correcta aplicación de la ley y la devolución de los recursos descontados sin base legal, advirtiendo que mantendrá su postura hasta lograr que se corrija lo que califican como una injusticia tributaria prolongada.
