La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó este fin de semana un amplio despliegue de supervisión en la provincia de Santiago, como parte del operativo Garantía de Paz 2.0, con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de los residentes en los distintos sectores intervenidos.
Según informó El Nuevo Diario, la funcionaria recorrió diversos puntos estratégicos de la ciudad y confirmó la participación de varias agencias del orden en acciones conjuntas que abarcaron comunidades como Licey, Tamboril, Las Palomas, Navarrete, Villa Olga, Villa Olímpica, Hato del Yaque, La Canela, Cienfuegos, Los Salados, Pueblo Nuevo, Los Ciruelitos y Buena Vista, entre otras.
El operativo incluyó el despliegue de 80 miembros del Ejército, 60 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), 12 equipos SWAT, y personal especializado de DINTEL, DICRIM, DIGESETT, POLITUR y COBA, en un esfuerzo coordinado por contener la delincuencia y reducir los conflictos sociales que afectan distintos barrios de la provincia.
Raful destacó que más de 140 vehículos estuvieron en labores preventivas desde el jueves 9, realizando patrullajes constantes y verificaciones en zonas identificadas como de alto riesgo. “Nuestro compromiso es mantener una presencia activa del Estado en las comunidades y garantizar que la ciudadanía sienta la seguridad como una realidad, no solo como una promesa”, expresó la ministra.
Como resultado de las operaciones, las autoridades ocuparon 16 armas de fuego ilegales, capturaron nueve prófugos, detuvieron tres personas y retuvieron 980 motocicletas por irregularidades en documentación o fallas técnicas. Además, 14 motocicletas fueron recuperadas tras haber sido reportadas como robadas.
El operativo forma parte de la estrategia nacional del Gobierno para fortalecer la prevención y el control del delito en las principales provincias del país. En los próximos días, el Ministerio de Interior y Policía tiene previsto ampliar las acciones hacia otras zonas del Cibao y el Gran Santo Domingo, con el objetivo de sostener la “Garantía de Paz” como política de Estado en materia de seguridad pública.
