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domingo, mayo 9, 2021

Fiscalía de Puerto Plata logra condenas de 30 y 20 años de prisión contra dos hombres por muerte de canadiense

Puerto Plata.- Tras acoger el pedimento del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de esta jurisdicción impuso condenas de 30 y 20 años de prisión a dos hombres acusados de haberle quitado la vida a un ciudadano canadiense y de golpear a su pareja, mientras robaban en su residencia en el municipio de Sosúa en 2019.  

Delvis Antonio Ovalles Mercedes fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión y Juan Eduardo Ulloa, alias Florimón, a 20 años, por haberle ocasionado la muerte a  Jason Thomas W. McGuire y agredir a su esposa para despojarlos de sus pertenencias, en un hecho ocurrido el 24 de abril de 2019.

El Tribunal Colegiado, presidido por la jueza Venecia Rojas, dictó la sentencia basándose en las pruebas presentadas por el Ministerio Público y ordenó el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, de Puerto Plata.

La acusación, presentada por el fiscal investigador Jesús Valenzuela, establece que una vez dentro de la residencia, a la cual penetraron por una ventana, los imputados sorprendieron a las víctimas mientras se encontraban durmiendo en su habitación.

Detalla que Ovalles Mercedes amenazó de muerte a la pareja con un arma de fuego, mientras Ulloa los amarraba con cables y sábanas, y luego los dejó tirados en el suelo para perpetrar el robo. 

El expediente señala que los procesados obligaron a los esposos a decirles donde estaba la caja fuerte y, luego de ubicarla, sustrajeron la suma de 70 mil pesos, una cadena y un anillo de plata, así como un teléfono celular y la llave de una motocicleta tipo pasola.  

Mientras se dirigían a otra habitación en la cual se encontraba una tercera persona, Jason Thomas W. Mcguire logró desatarse y pudo llegar hasta donde estaban Ovalles y Ulloa con un machete en mano, pero fue sorprendido con dos disparos que le quitaron la vida instantáneamente.

Los fiscales litigantes Gabriel Brugal y Ana Mariela Hernández aportaron al tribunal las evidencias para que acogiera la calificación jurídica de asociación de malhechores, un crimen precedido de otro y violación a la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sanciona el uso ilegal de armas de fuego.

 

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