El Ministerio Público de República Dominicana solicitó condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel González Durán y otros cuatro acusados por su presunta participación en un esquema fraudulento que habría estafado a más de 400 personas, generando pérdidas millonarias en pesos, dólares y criptomonedas.
Según los fiscales, los imputados operaban a través de una estructura no autorizada de inversión que ofrecía rendimientos garantizados mediante criptomonedas. La acusación establece que incurrieron en asociación de malhechores, estafa agravada, uso de medios electrónicos para defraudar, operaciones sin autorización en el mercado de valores y lavado de activos.
El expediente involucra a González Durán junto a Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez. El Ministerio Público asegura que ejecutaron una oferta pública de valores sin contar con el aval de la Superintendencia del Mercado de Valores, captando recursos de las víctimas que luego fueron ocultados mediante maniobras de lavado.
Los acusados promocionaban sus supuestos servicios a través de plataformas digitales, induciendo al error a inversionistas confiados en la promesa de beneficios altos y sin riesgos. Entre los bienes que se piden decomisar figuran apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, oficinas en el complejo Náutica Business Center y vehículos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017.
La solicitud contempla 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos para González Durán. Para Santos Rodríguez y González Espinal se pidieron 10 años de cárcel e inhabilitación permanente para operar en el sector financiero. En tanto, para González Rodríguez y Mejía Martínez se solicitaron cinco años de prisión y restricciones por 10 años en esa área. Todos deberán cubrir las costas procesales, salvo Leandro González Espinal, representado por un defensor público.
El juicio, que inició el pasado 28 de abril, continuará la próxima semana con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas técnicas. Más allá del proceso judicial, este caso reaviva el debate sobre la necesidad de una regulación clara para el uso de criptomonedas en el país.
Actualmente, los criptoactivos no cuentan con un marco normativo específico en República Dominicana. El Banco Central y la Superintendencia del Mercado de Valores han advertido reiteradamente sobre los riesgos de invertir en proyectos que ofrecen altos rendimientos sin respaldo legal. Por su parte, la Dirección General de Impuestos Internos ha recordado que, aunque las criptomonedas no son reconocidas como moneda de curso legal, las ganancias derivadas de ellas pueden estar sujetas a impuestos.
Este proceso podría sentar un precedente relevante en la lucha contra fraudes financieros basados en nuevas tecnologías, al tiempo que resalta la importancia de fortalecer la educación financiera y la supervisión estatal en torno a las inversiones digitales.
