Funcionarios aspirantes a la presidencia deben renunciar ya, advierte GenS

-

SANTO DOMINGO.– El Partido Generación de Servidores (GenS) encendió la alarma sobre la competencia electoral dominicana. Su secretario general, Obispo Montero, exigió la “salida inmediata” de los altos cargos del Gobierno que, mientras manejan multimillonarios presupuestos, ya se baten públicamente por la candidatura presidencial.

Según el documento remitido por GenS, la permanencia de estos funcionarios en puestos estratégicos desde INAPA hasta el Ministerio de Turismo “distorsiona gravemente” la igualdad de condiciones que proclama la Constitución. Montero enumera partidas que, solo para 2025, superan los RD$45 mil millones en instituciones dirigidas por precandidatos oficialistas, cifra que a su juicio “convierte el presupuesto público en chequera de campaña”.

El marco legal y la presión cívica

La Ley 33‑18 de Partidos y la Ley 20‑23 de Régimen Electoral prohíben explícitamente el uso de recursos estatales para proselitismo, y fijan sanciones que incluyen la inhabilitación de candidatos.
Sin embargo, organizaciones como Participación Ciudadana advirtieron este año que la publicidad oficial “viola el Decreto 1‑24 y las leyes vigentes” al promover logros gubernamentales en plena precampaña. De igual forma, la Fuerza del Pueblo denunció ante la Junta Central Electoral (JCE) el “uso abusivo e indiscriminado” de fondos del Estado por parte del Partido Revolucionario Moderno, pidiendo medidas cautelares. Incluso la Alianza Rescate RD llevó “pruebas” a la OEA sobre esta práctica, subrayando la preocupación internacional.

¿Qué tan nuevo es el reclamo?

No es la primera vez que un dirigente exige la renuncia de funcionarios‑candidatos; en 2019, grupos como Acción Ciudadana lanzaron un Manifiesto similar. La novedad ahora es la magnitud presupuestaria INAPA (RD$20,513 millones) o el Plan Social de la Presidencia (RD$9,051 millones) nunca habían coincidido con aspiraciones presidenciales tan abiertas. Sumados al músculo mediático de Turismo o INDOTEL, el desequilibrio financiero roza niveles inéditos.

Impacto electoral y riesgos democráticos

  1. Ventaja logística y mediática
    Controlar instituciones con presencia nacional garantiza vehículos, personal y contratos publicitarios que pueden orientarse a favor del titular‑candidato, diluyendo la frontera entre gestión y propaganda.

  2. Desconfianza ciudadana
    Encuestas de organizaciones académicas señalan que el 64 % de los dominicanos percibe “uso indebido” de recursos oficiales durante campañas, una métrica que viene en ascenso desde 2020.

  3. Posible judicialización
    La JCE y el Tribunal Superior Electoral han mostrado mayor apertura para admitir acciones cautelares; si prosperan, podrían suspender actos oficiales o incluso candidaturas, creando un precedente inédito.

¿Qué sigue?

Montero pidió a la JCE actuar “con determinación” e instó a la sociedad civil a “no normalizar el abuso”. Para los analistas, el árbitro electoral dispone de herramientas auditorías financieras, sanciones y retiro de propaganda institucional, pero su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión pública.

En el corto plazo, todo apunta a un pulso entre quienes defienden la ventaja de la maquinaria estatal y los que abogan por un terreno parejo. Si la renuncia de los funcionarios‑candidatos no se materializa, el debate sobre la equidad electoral podría pasar del salón de prensa a los tribunales, y de ahí, de cara al 2026, al corazón mismo de la confianza democrática dominicana.

Lo Más Reciente

MÁS NOTICIAS