El Gobierno español aprobó este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, una norma pionera que reconoce esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal y amplía el concepto de víctima más allá de los hijos menores, incluyendo a familiares directos y parejas de las mujeres.
Según informó la agencia EFE, se trata de la primera ley integral sobre este fenómeno, definido como el daño infligido a los hijos, descendientes, ascendientes, hermanos o parejas de una mujer con el propósito de causarle sufrimiento. El texto contempla penas de prisión de seis meses a tres años y añade sanciones accesorias como la prohibición de difundir públicamente detalles de los crímenes, con el fin de evitar la reproducción de casos mediáticos como el de José Bretón y la posterior publicación del libro El odio.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta normativa coloca nuevamente a España “a la vanguardia en la defensa de la igualdad”, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo uno de los principales problemas sociales. El proyecto persigue tres objetivos: fortalecer la protección a las víctimas, concienciar a la ciudadanía y consolidar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye más de 40 medidas relacionadas con esta modalidad de violencia.
El anteproyecto, que incorpora el nuevo artículo 173 bis en el Código Penal, establece además la prohibición de tenencia de armas de tres a cinco años para los condenados y obliga a escuchar la voz de los menores antes de resolver cualquier decisión sobre custodia, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
Las cifras confirman la urgencia de esta medida: desde 2013, un total de 65 menores han sido asesinados en España en contextos de violencia de género. En más de la mitad de los casos, los agresores en su mayoría padres biológicos se suicidaron tras cometer los crímenes. Entre los episodios más estremecedores que marcaron un antes y un después figuran el asesinato de Ruth y José por parte de su padre en 2011, el parricidio de Moraña en 2015 y el caso de las niñas Olivia y Anna en 2021 en Tenerife.
Con esta ley, el Ejecutivo busca no solo endurecer la respuesta penal, sino también visibilizar un tipo de violencia históricamente desatendido, donde las hijas e hijos de las mujeres han sido usados como “instrumentos de venganza” contra ellas.
