Gobierno advierte que ciertos sectores tergiversan lo ocurrido en Friusa para impulsar agendas particulares

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Las calles de Friusa, en la zona de Bávaro, han sido testigos de una coyuntura cargada de tensión tras la intervención policial en una marcha convocada por un grupo de ciudadanos. De acuerdo con la información oficial, hubo un frágil equilibrio entre la defensa del derecho a la protesta y la necesidad de preservar la estabilidad en una de las zonas turísticas más destacadas de República Dominicana.

Tal como informa deultimominuto, en un artículo redactado por Arelis Suero, las autoridades habían autorizado el recorrido y las exigencias planteadas, pero un sector infiltrado en la manifestación, en busca de notoriedad, superó los acuerdos previos. Este comportamiento alteró el orden público, obligando a que la Policía interviniera para restablecer la tranquilidad y evitar una escalada de incidentes. En palabras de un vocero gubernamental, “nos preocupa que algunos sectores busquen aprovechar lo ocurrido, distorsionando la realidad para promover agendas particulares”.

Expertos en el área turística señalan que, según datos del Banco Central, el turismo en República Dominicana contribuye con un importante porcentaje al Producto Interno Bruto y asegura miles de empleos directos e indirectos. Cualquier alteración en el clima de paz social puede repercutir en la confianza de inversores y en el desarrollo económico de la región. De ahí que las autoridades insistieran en su comunicado en salvaguardar la paz, al tiempo que garantizaron el respeto a la protesta pacífica dentro de un marco legalmente establecido.

El Gobierno recuerda que “el derecho a la protesta pacífica está garantizado”, siempre que se cumplan los lineamientos acordados para proteger tanto a los manifestantes como a la ciudadanía en general. La aparente contradicción entre la libertad de expresión y la necesidad de evitar el desorden evidencia la relevancia de mantenerse dentro de los procedimientos pactados. Voces de distintas esferas, incluidas organizaciones civiles, respaldan la postura oficial de vigilar el normal desenvolvimiento de estas convocatorias, confiando en que se llegue a consensos que prioricen el bienestar colectivo.

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