El Consejo Legislativo de Hong Kong rechazó el miércoles 10 de septiembre de 2025 una propuesta del Gobierno que pretendía establecer un mecanismo de reconocimiento limitado para parejas del mismo sexo registradas legalmente en el extranjero. La iniciativa fue derrotada con una contundente votación de 71 votos en contra por solo 14 a favor, de un total de 86 legisladores presentes, marcando el primer veto legislativo a un proyecto oficial desde la restructuración legislativa de 2021.
La propuesta, conocida como Registration of Same-Sex Partnerships Bill, fue presentada el 16 de julio y surgió como respuesta al fallo del Tribunal de Última Instancia de Hong Kong, emitido el 5 de septiembre de 2023, que exigía al Gobierno diseñar un marco legal para el reconocimiento de parejas del mismo sexo en el plazo de dos años.
El proyecto contemplaba derechos limitados para esas parejas, especialmente en el ámbito médico como visitas hospitalarias, acceso al historial clínico y decisiones médicas y en gestiones tras el fallecimiento. No obstante, solo habría sido aplicable a parejas ya casadas o unidas con reconocimiento válido fuera de Hong Kong, y ninguno de los miembros podría tener vínculo matrimonial con terceros. Al menos uno debía ser residente local.
Varios legisladores opositores argumentaron que la propuesta no contaba con el consenso social necesario. Algunos señalaron que más de 8 000 de unas 10 000 alegaciones presentadas al Consejo rechazaban el texto, como informó el South China Morning Post. Peter Siu Ka-fai, del Partido Liberal, afirmó que “no somos un Consejo que se limita a ratificar las decisiones del Gobierno. Si tuviéramos que acatar sin más lo que dicta el Tribunal de Última Instancia, no haría falta que los miembros del Consejo participasen en ningún debate”.
Defensores de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Hong Kong Marriage Equality, criticaron duramente la decisión, señalando que su rechazo “minimiza los derechos LGTB+” y representa un retroceso que expone cuánto le queda por avanzar a Hong Kong en términos de igualdad. Nadia Rahman, investigadora de Amnistía, consideró que el proyecto confería apenas “el mínimo imprescindible de protección”, pero lamentó que incluso ese avance fuera inaceptable para la legislatura.
La derrota abre un interrogante legal: el plazo constitucional para cumplir con la sentencia del tribunal vence el 5 de septiembre de 2025. Hasta ahora, el Gobierno no ha aclarado de qué manera planea honrar ese mandato tras el veto
