Un movimiento inesperado en aguas caribeñas ha reconfigurado el pulso geopolítico de la región un buque petrolero, descrito por las autoridades estadounidenses como un “fantasma”, fue detenido y puesto en ruta hacia un puerto de Estados Unidos, donde su carga será confiscada bajo un proceso judicial ya en marcha. El episodio ha desatado reacciones inmediatas desde Caracas y ha encendido nuevas tensiones en un panorama marítimo cada vez más vigilado.
Según EFE, la Casa Blanca confirmó que agentes federales mantienen a bordo un equipo de investigación que interroga a la tripulación mientras avanza el decomiso. Washington sostiene que el Skipper, la embarcación retenida, estaba sancionada por su participación previa en el transporte de petróleo iraní destinado al mercado negro, aunque esta vez navegaba con crudo venezolano y bajo una bandera guyanesa falsa.
La maniobra no solo involucra a la Casa Blanca: el Departamento de Justicia, la Guardia Costera y el recién renombrado Departamento de Guerra coordinaron el operativo, reforzando la línea dura estadounidense frente a embarcaciones vinculadas a redes de contrabando energético. En paralelo, la autoridad marítima de Guyana negó cualquier vínculo con el registro del Skipper y denunció el uso indebido de su pabellón, una práctica que aseguran ha ido en aumento en el Caribe.
Mientras el presidente Donald Trump calificó la incautación como la mayor de este tipo “jamás realizada”, el gobierno venezolano respondió con dureza, señalando el hecho como un “robo descarado” y adelantando que acudirá a instancias internacionales. La disputa encuentra eco en un contexto marcado por el litigio territorial del Esequibo y el incremento del patrullaje estadounidense en la zona bajo la operación Lanza del Sur, responsable de la destrucción de varias embarcaciones acusadas de narcotráfico.
El mismo día de la incautación, Guyana oficializó un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. El pacto fortalece programas de entrenamiento y amplía los mecanismos del convenio Shiprider, que autoriza a agentes estadounidenses a operar en aguas guyanesas para interceptar cargamentos ilícitos. Esta sincronía entre la firma del acuerdo y el decomiso del Skipper no pasó desapercibida en la región, donde analistas consultados por Brookings señalan que Washington busca afianzar alianzas estratégicas en el hemisferio ante el avance de redes criminales transnacionales.
Desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enmarcó la retención del buque como parte de la estrategia de la Administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que el operativo persigue frenar lo que describió como un flujo de sustancias letales y actividades encubiertas que, según afirmó, amenazan la seguridad estadounidense. La declaración llega en un clima tenso, luego de que Trump anunciara que “pronto” iniciaría acciones dentro de territorio venezolano, mientras Maduro llamó a su población a organizarse en milicias para enfrentar posibles ataques.
Cada nueva revelación sobre el Skipper añade presión a una región donde el tráfico energético, las disputas territoriales y la presencia militar extranjera conviven en un tablero complejo. El desarrollo del proceso judicial en EE.UU. y la respuesta de Venezuela ante instancias internacionales marcarán los próximos movimientos de un conflicto que ya rebasa la retención de un solo buque.
