Santo Domingo. La época navideña siempre ha sido un espacio para la convivencia y la alegría en nuestra querida República Dominicana, pero estos últimos festejos trajeron una controversia particular. Según De último minuto, la comunicadora y regidora por Santo Domingo Este, Jehimy Núñez, relató que mientras compartía con amigos en el Malecón de la avenida España, agentes de la Policía Nacional se llevaron su bocina sin levantar acta. En palabras de la autora Dilenny Cespedes, la regidora expresó su inconformidad con el proceder de un coronel que, sin mediar palabras ni saludar, confis-có el aparato en plena reunión, generando un fuerte descontento entre los presentes.
Un incidente que suma a las críticas de fin de año
El suceso ocurrió el 25 de diciembre, en pleno día de Navidad, alrededor de las siete de la noche. La regidora aseguró que el volumen de la bocina era moderado, suficiente para mantener una conversación fluida. No obstante, los agentes de la Policía, en una inspección sorpresa, recogieron el equipo sin dar explicaciones. La también vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este cuestionó la legalidad del operativo y lamentó la ausencia de un acta oficial.
Esta práctica de incautar bocinas en fechas festivas no es nueva. Tal como recogen otros portales locales y también se comenta en redes sociales, ha habido diversos decomisos similares alrededor de Nochebuena y Año Nuevo, lo que ha provocado reacciones encontradas: muchos ciudadanos entienden que hay que regular el ruido, pero denuncian que la forma de proceder de las autoridades suele ser inconsistente y, a veces, arbitraria.
Contexto y alcance del problema
La situación no es un tema menor. En la provincia de Santo Domingo, el ruido excesivo se ha convertido en una de las principales quejas de los residentes, sobre todo en zonas densamente pobladas y en espacios de recreación al aire libre. Si bien existen normas como la Ley 64-00 (Medio Ambiente) y regulaciones específicas contra la contaminación sónica, la aplicación depende del criterio de las autoridades y de la colaboración ciudadana.
Durante las festividades decembrinas, varios empresarios y comunicadores han cuestionado la eficiencia de los operativos policiales. Algunos medios, incluso, han señalado a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por la forma en que se han ejecutado las incautaciones. Mientras tanto, quienes apoyan estas medidas argumentan que deben preservarse los espacios comunes libres de ruidos excesivos, especialmente en altas horas de la noche.
Análisis: entre la convivencia y la autoridad
El reto para las autoridades es mantener un balance entre el derecho a la paz ciudadana y la libertad de las personas de celebrar sin caer en excesos. Lo ideal sería que los agentes actúen siguiendo un protocolo claro, levantando actas y explicando las causas de cada decomiso. Sin embargo, la denuncia de Núñez apunta a la falta de formalidad en el operativo, lo que despierta sospechas de irregularidades y posibles abusos de poder.
Por otro lado, este tipo de sucesos refleja la necesidad de educar a la población sobre los límites de ruido permitido y los procesos a seguir ante cualquier decomiso. Con la temporada navideña superada, organizaciones comunitarias y autoridades podrían coordinar planes preventivos, que se enfoquen en informar, mediar y, en última instancia, sancionar de forma proporcional cuando sea estrictamente necesario.
Una mirada hacia el futuro
Si bien las incautaciones de bocinas tienden a subir durante las fiestas, el debate también incluye la convivencia ciudadana y la imagen de la Policía Nacional ante la comunidad. Para el próximo año, no sería descabellado que se revise el protocolo de operativos y se fortalezcan los lazos de comunicación con la población.
La situación, como menciona la regidora Núñez, no solo afecta la reputación de los agentes, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad pública. Una mayor transparencia en la actuación policial podría mitigar estos roces y, de paso, reducir la tensión que provoca la disputa entre el derecho al disfrute y el derecho a la tranquilidad.
