La contienda del 20 de julio para renovar la Cámara Alta japonesa se ha convertido en un referéndum sobre el futuro de la inmigración en un país que envejece aceleradamente y busca mano de obra fuera de sus fronteras. El tema tradicionalmente relegado a páginas interiores ahora monopoliza mitines, debates televisivos y, sobre todo, las redes sociales.
Según el texto inédito facilitado a este redactor, la narrativa “Japón primero” se ha colado en la agenda pública gracias al empuje de nuevas formaciones de derecha que vinculan, sin matices, delincuencia e inmigración. Esa retórica ha obligado a los partidos tradicionales a reaccionar para no perder votos en los distritos más conservadores.
Los números describen el trasfondo demográfico al cierre de 2024 el país albergaba 3 768 977 residentes extranjeros alrededor del 3 % de la población total según la Agencia de Servicios Migratorios. Frente a una tasa de natalidad en mínimos históricos, organismos empresariales insisten en que la llegada de trabajadores foráneos es imprescindible para sostener la producción industrial y el sistema de pensiones.
Sin embargo, el ambiente electoral favorece los mensajes simples. El partido Sanseito, fundado hace apenas cinco años, ya figura como la tercera fuerza de intención de voto con 6,9 % de apoyo en la lista proporcional, duplicando su registro de junio. Una proyección de Reuters calcula que podría arañar hasta 15 escaños y descolocar el tablero parlamentario. La receta: videos virales en YouTube y X que culpan a la globalización de la pérdida de bienestar nipón y señalan a los extranjeros como chivos expiatorios.
El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) se ha desplazado hacia la derecha para contener esa hemorragia. Mientras el Gobierno de Shigeru Ishiba recuerda que “Japón necesita brazos extranjeros” para crecer, sus portavoces subrayan en la misma frase que “algunos foráneos abusan de los sistemas públicos”, alimentando la idea de que la seguridad social está en riesgo.
La estadística oficial desmiente parte del temor. Un análisis de los registros policiales muestra que la mayoría de los arrestos de no japoneses obedecen a infracciones migratorias no a robos ni agresiones y que los delitos penales atribuidos a extranjeros llevan años a la baja. Investigaciones académicas recientes confirman que prefecturas con más residentes extranjeros no registran tasas delictivas superiores a la media nacional.
Aun así, ocho ONG defensoras de refugiados denunciaron esta semana la proliferación de eslóganes “Cero ilegales” y “Japón primero”, tachándolos de xenófobos y carentes de sustento empírico. La coalición civil exige a los candidatos frenar discursos que “criminalizan por origen” y recuerda que el país sigue concediendo menos del 1 % de las solicitudes de asilo, uno de los índices más bajos entre las democracias industrializadas.
Las urnas pondrán a prueba el equilibrio entre necesidades económicas y pulsiones identitarias. Si el PLD pierde la mayoría que comparte con Komeito 125 de los 248 escaños están en juego Shigeru Ishiba podría verse forzado a coaligarse con partidos aún más restrictivos. Ese escenario complicaría la aprobación de futuros programas de visados laborales y enviaría una señal de cerrojo en un momento en que la OCDE urge a Tokio a liberalizar su mercado laboral.
Por ahora, los votantes decidirán si aceptan la idea de un Japón más diverso o si, como proclama Sanseito, prefieren “proteger a los japoneses” incluso a costa de frenar el crecimiento. Lo único cierto es que el debate migratorio, antes soterrado, ya salió de la sombra y gane quien gane difícilmente volverá a guardarse bajo la alfombra.
