Un operativo del Ejército de la República Dominicana (ERD) puso fin, la tarde del 18 de agosto de 2025, a un intento de traslado irregular de once nacionales haitianos seis hombres, cuatro mujeres (una de ellas menor de edad) que viajaban ocultos en un Toyota Camry negro, placa A397502, por la comunidad de San José, provincia Santiago Rodríguez. El conductor emprendió la huida al advertir la presencia militar, pero los soldados aseguraron el vehículo y trasladaron a los extranjeros a la Inspectoría del ERD para los trámites legales pertinentes.
El despliegue forma parte del refuerzo fronterizo que el Gobierno aplica desde abril, cuando el presidente Luis Abinader anunció 15 medidas para combatir la migración irregular, entre ellas la incorporación de 1 500 soldados adicionales, la ampliación de brigadas y la aceleración del muro fronterizo. El propio mandatario advirtió entonces que “las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra”.
La presión oficial se refleja en las cifras. Entre octubre y noviembre de 2024, la Dirección General de Migración deportó más de 71 000 haitianos un promedio de 1 200 al día, mientras que solo en la primera quincena de junio de 2025 salieron del país 17 155, entre deportaciones y repatriaciones voluntarias. Los mayores flujos se concentran en Haina, Dajabón y Santiago, según el departamento de Estadísticas de la DGM.
El norte y el noroeste viven una tensión similar la misma jornada del operativo en Santiago Rodríguez, otra patrulla detuvo a 14 haitianos que se desplazaban en motocicletas por un camino fronterizo de Montecristi. Para las autoridades, los arrestos simultáneos revelan la rápida adaptación de las redes de transporte clandestino, que recurren a rutas rurales cada vez más apartadas para eludir los controles.
Pero los números no son la única cara del fenómeno. Organizaciones humanitarias advierten que la ofensiva migratoria, aunque legítima en su objetivo de soberanía, ha derivado en abusos desde redadas indiscriminadas hasta denuncias de violencia sexual y desalojos forzosos de comunidades haitianas en zonas turísticas como Punta Cana, donde la mano de obra extranjera resulta esencial.
En Santiago Rodríguez, entretanto, los once detenidos aguardan el proceso previsto en la Ley 285-04 sobre Migración. El ERD continuará con operativos “sorpresa” según fuentes castrenses a fin de quebrar la logística del tráfico de personas. La frontera se ha convertido, más que nunca, en una delgada línea donde chocan seguridad, economía y derechos humanos. El desafío para las autoridades será mantener el equilibrio entre firmeza y humanidad mientras la crisis haitiana no cede y la presión migratoria sigue presionando por cada grieta del cordón fronterizo.
