Las motocicletas siguen siendo el vehículo más usado para desplazarse en cientos de comunidades del país, y a la vez una de las mayores fuentes de lesiones graves en accidentes de tránsito. Por eso, cualquier avance regulatorio que refuerce la protección de quienes se mueven sobre dos ruedas tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias.
La nueva normativa técnica emitida por el Intrant coloca al país en una posición de liderazgo regional al establecer un estándar único y obligatorio para los cascos que deberán utilizar conductores y pasajeros de motocicletas. Es un paso que armoniza las reglas locales con certificaciones reconocidas internacionalmente y que marca un antes y un después en la forma en que se comercializan estos equipos de protección.
El proceso de aprobación, validado ante la Organización Mundial del Comercio, refleja una apertura poco habitual en la creación de regulaciones técnicas. Importadores, asociaciones de motoristas, vendedores y usuarios participaron en consultas que permitieron afinar los requisitos, mientras la asesoría de la Fundación FIA dio soporte especializado para garantizar que los criterios respondieran a las mejores prácticas globales. Este tipo de consensos rara vez se logra en reformas vinculadas al transporte, lo que explica la relevancia regional que ha recibido la medida.
Durante el Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte 2025, el Intrant presentó formalmente la normativa, subrayando su impacto inmediato en la reducción del riesgo de muerte por traumas craneales. El director de la institución, Milton Morrison, insistió en que cada casco certificado aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia en caso de accidente. Su planteamiento refleja tendencias internacionales: datos del ITF muestran que un casco homologado puede reducir hasta en un 40% el riesgo de muerte en un impacto fuerte, según reportes disponibles en sus estudios de seguridad.
La norma establece que solo podrán considerarse válidos los cascos que cumplan con certificaciones avaladas por laboratorios acreditados bajo la ISO/IEC 17025. Entre ellas figuran estándares europeos, estadounidenses, asiáticos y latinoamericanos, un abanico lo suficientemente amplio como para permitir variedad en el mercado sin comprometer la calidad. La exigencia de coraza rígida, sistema de absorción de impacto y mecanismos de retención ajustables responde a investigaciones técnicas que demuestran que la combinación de estos elementos es determinante al momento de absorber energía durante una caída.
El Intrant también fija reglas claras de uso tanto el conductor como el pasajero deben llevar el casco correctamente asegurado, sin daños y con sus etiquetas de certificación intactas. La vida útil máxima de siete años obliga a un cambio oportuno que evite el deterioro de materiales que, aunque imperceptible a simple vista, reduce considerablemente la protección. La Digesett, por su parte, acompañará el proceso mediante operativos de supervisión y campañas educativas para reforzar la importancia de utilizar equipos adecuados y evitar sanciones previstas en la Ley 63-17.
Este esfuerzo regulatorio no surge de manera aislada. Hace unos meses, el Intrant reunió a especialistas, motociclistas y actores del sector en el Primer Foro Nacional para el Uso Responsable de la Motocicleta. Allí se discutieron riesgos comunes, prácticas recomendadas y experiencias internacionales, insumos que terminaron influenciando el contenido final de la normativa. El tema vuelve a demostrar que mejorar la seguridad vial requiere diálogo continuo, porque involucra cambios de conducta y una cadena completa de responsabilidades, no solo la publicación de una resolución.
El país da un paso firme hacia una cultura de movilidad más segura. Falta todavía reforzar la fiscalización, mejorar la infraestructura vial y promover la formación de nuevos motociclistas, pero el establecimiento de estándares homologados coloca un cimiento sólido en una política pública que apunta a salvar vidas todos los días.
