La organización cívica no partidista Participación Ciudadana expresó su apoyo a las investigaciones iniciadas por las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), tras denuncias difundidas por sectores de oposición y medios de comunicación.
Según El Día Digital, la entidad valoró la intervención del Ministerio Público, la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas, al tiempo que consideró oportuno que la Dirección General de Contrataciones Públicas emitiera una resolución contra uno de los procesos administrativos cuestionados dentro de la institución.
En un comunicado, Participación Ciudadana advirtió que las irregularidades detectadas reflejan deficiencias graves de gestión, falta de transparencia, prácticas corruptas y clientelismo. Estas situaciones, según la entidad, han generado un déficit financiero de miles de millones de pesos, con consecuencias directas en la entrega de medicamentos, pagos a prestadores de servicios de salud y en la sostenibilidad misma del sistema.
Preocupación por intentos de privatización
Además, la organización manifestó inquietud por los intentos de privatizar servicios esenciales de salud, especialmente en la red de atención primaria. A través de contratos ya difundidos, señaló que se estaría privilegiando el lucro privado en detrimento del interés colectivo y la legitimidad institucional.
“Cuando la contratación se da sin regulación adecuada, sin transparencia y bajo esquemas que priorizan la rentabilidad sobre el bienestar común, el resultado siempre es perjudicial para la mayoría de la población, especialmente los más vulnerables”, puntualizó la entidad.
Participación Ciudadana también insistió en que el caso no se limita a Senasa, sino que involucra a un entramado de actores públicos y privados del sector salud que deben ser investigados. En ese sentido, respaldó la decisión del Poder Ejecutivo de remitir los hallazgos al Ministerio Público y exhortó a este órgano a actuar con firmeza para que no prevalezca la impunidad.
La organización concluyó recordando que la corrupción en el sector salud no solo representa desvío de recursos, sino también una traición al deber de proteger la vida y el bienestar de la ciudadanía. Llamó a reforzar los mecanismos de control y a garantizar que la salud sea reconocida como un derecho inalienable, no como un negocio.
