La política japonesa entra en una fase decisiva. La primera ministra Sanae Takaichi anunció la disolución de la Cámara Baja y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 8 de febrero, una jugada de alto riesgo que pone a prueba no solo la estabilidad del Gobierno, sino también su propio liderazgo al frente del país.
Según informó la agencia EFE, la mandataria defendió la medida como una forma de someter su gestión al veredicto directo de los ciudadanos, en un momento en que su Ejecutivo mantiene niveles de aprobación poco habituales en la política nipona reciente. Takaichi, primera mujer en dirigir un Gobierno en Japón, llegó al poder en octubre tras imponerse en las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD), luego de la renuncia de Shigeru Ishiba.
La lectura política es clara: capitalizar el respaldo ciudadano antes de que el desgaste natural del poder haga mella. Encuestas divulgadas por la cadena pública NHK sitúan la aprobación del Gobierno en torno al 62 %, una cifra sólida si se compara con administraciones anteriores que se vieron obligadas a gobernar con márgenes mucho más estrechos y bajo presión constante de la oposición.
Ese respaldo, sin embargo, contrasta con la fragilidad parlamentaria del oficialismo. El PLD y sus aliados apenas sostienen una mayoría mínima en la Cámara Baja y están en minoría en la Cámara Alta, un escenario que ha complicado la agenda legislativa y que explica, en parte, la apuesta por un adelanto electoral que no estaba en los planes iniciales.
La decisión también reconfigura el tablero opositor. El Partido Democrático Constitucional y el Komeito, antiguo socio del PLD, han acordado impulsar una nueva fuerza de centro, una alianza que busca canalizar el descontento de sectores preocupados por la inflación persistente y el estancamiento de los salarios, dos problemas que siguen pesando en la economía japonesa.
El calendario es tan ajustado como inusual. Entre la disolución de la Cámara Baja, prevista para el 23 de enero, y la jornada electoral pasarán apenas 16 días, el período más corto desde la posguerra. Takaichi sostiene que esta rapidez permitirá reducir el impacto del proceso electoral en la aprobación del presupuesto del año fiscal 2026, que debe entrar en vigor en abril.
Más allá de los números y los plazos, el trasfondo es político. Japón no celebraría elecciones generales hasta 2028 si se mantenía el calendario regular, pero la primera ministra ha optado por adelantar la prueba de fuego. Febrero dirá si el capital político acumulado es suficiente para reforzar su mandato o si, por el contrario, abre la puerta a un escenario más fragmentado en la Dieta.
