La Junta Central Electoral (JCE) dio un paso decisivo en el proceso de modernización del documento de identidad nacional al adjudicar al consorcio EMDOC un contrato valorado en más de RD$3,361 millones para suplir materiales, equipos y servicios vinculados a la renovación de la Cédula de Identidad y Electoral.
De acuerdo con un reporte de CDN, la adjudicación quedó formalizada en el Acta No. CCC-48-2025, luego de una licitación pública internacional en la que EMDOC resultó ser el único oferente habilitado tras cumplir con los criterios técnicos y pruebas de concepto requeridas.
El acuerdo, con una vigencia de diez años, contempla la entrega de 8 millones de tarjetas en policarbonato, 214 máquinas de impresión, un sistema de infraestructura de clave pública y certificación (PKI-CA), además de 800 mil cédulas digitales, mantenimiento de equipos y plataformas por dos años, así como un programa de capacitación especializada para el personal.
Otros consorcios, como ID Secure IDS (Midas Dominicana) y Cédula 4.0 RD (Copy Solutions International), participaron en la licitación, pero fueron inhabilitados al no cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el Comité de Compras y Contrataciones de la JCE.
Más allá de la magnitud del contrato, esta adjudicación marca el inicio de una etapa en la que el país apuesta por reforzar la seguridad documental y avanzar hacia la identidad digital, un tema que ya forma parte de las discusiones regionales sobre la protección de datos y la modernización de los registros civiles. En países como México y España, procesos similares han significado una transición gradual hacia credenciales electrónicas con mayores niveles de confiabilidad.
El reto ahora estará en garantizar que la implementación de estas nuevas cédulas se realice sin contratiempos logísticos y con la debida transparencia. Especialistas en gobernanza digital han señalado que la digitalización de documentos de identidad requiere no solo inversión tecnológica, sino también educación ciudadana y marcos regulatorios robustos que aseguren la privacidad y el correcto uso de la información.
La JCE, por su parte, sostiene que este proceso permitirá fortalecer la confianza en el sistema electoral y civil de la República Dominicana, integrando estándares internacionales de seguridad en un contexto donde la identidad digital se vuelve cada vez más determinante para acceder a servicios públicos y privados.
